Lo que más se destaca en el anaquel del doctor Daniel Méndez, juez primero de lo Penal de Sucumbíos, son los 24 cuerpos, un total de 4 000 hojas de forros rosados.Como si presintiera la pregunta, el juez responde: “Ahí está el juicio por el bombardeo a Angostura, ocurrido el 1 de marzo del 2008”. Ubicada en la ave. Quito, la principal de Nueva Loja, capital de Sucumbíos, la oficina es pequeña y sencilla.
El edificio de tres pisos es uno de los más altos de la ciudad, más conocida como Lago Agrio. Es moderno, pintado de blanco y amarillo. En la planta baja funciona un casino, muy concurrido en la noche; también es la sede de la Asociación de Abogados de Nueva Loja y de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos (tiene 40 empleados).
La gente va y viene llevando papeles. A los pisos se accede por unas gradas. En su despacho solo se oye el zumbido de un ventilador, como un moscardón persistente. El juez está frente a su computador HP Compaq.
Viste una camisa rosada de mangas cortas y un pantalón café. Su bigote es negro, profuso, al igual que sus cejas. Sus ojos son cafés claros. Es alto y robusto. Tiene 57 años. Estudió Derecho en la Universidad Estatal de Cuenca, donde nació. Lleva 22 años de ejercicio profesional.Con un tono pausado, el juez confiesa: “De joven, en el cantón Sígsig, actué como juez suplente en el juzgado civil del cantón azuayo, ahí comenzó mi afición por la función judicial, quería ser juez”. En 1996 llegó a Lago Agrio tras ganar un concurso de merecimientos y le nombraron juez primero de lo Penal de Sucumbíos. Hubo cinco aspirantes. En ese año, el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja era Gonzalo Iza. Carlos Solórzano Constantine estaba al frente de la Corte Suprema de Justicia. Sixto Durán Ballén cumplía sus últimos meses de gobierno.
Jenny Ochoa, abogada de la capital azuaya, fue su compañera en la Universidad de Cuenca. Lo recuerda como un estudiante bueno y solidario. “Llevaba a los amigos en su auto después de los estudios o de las prácticas de medicina legal”. Ochoa sostiene que todos los febreros se reúne en Cuenca la promoción 1989. Allí, el doctor Méndez demuestra su buen ánimo y alegría por los reencuentros.
Su semblante se vuelve adusto cuando se refiere a uno de los casos más polémicos que le toca procesar: el de Angostura y su imputado principal, Juan Manuel Santos. Sin vacilar reconoce que es un caso difícil, como tantos en los que ha trabajado. “Pero en todos hemos puesto empeño y cuidado; el caso de Angostura procesalmente no tiene ningún inconveniente para nosotros, en sus pasos, en sus etapas; ha despertado el interés internacional por la presencia del Dr. Santos”.
Lo dice sin titubeos. Y aclara que no pesa la política. “Solo el Derecho es un asunto jurídico”.
El proceso se inició el 29 de junio del 2009 con la audiencia de formulación de cargos, presentada por el fiscal Carlos Jiménez y respaldada por el Dr. Nelson Guamán, fiscal provincial. Santos Calderón era ministro de Defensa y no figuraba como candidato. ¿Por qué fue implicado?
Daniel Méndez arquea las cejas: “Porque fue el hombre que salió al frente a asumir la responsabilidad del caso Angostura. Porque el Fiscal lo procesa a él como la persona presuntamente responsable del ataque. Él dio la cara”. La abogada Magaly Gil, secretaria encargada del juzgado primero, y Luz Romero, ayudante judicial 1, trabajan con Méndez. Ellas coinciden en que él es paciente y riguroso.
También es parco, reservado, al menos con la prensa. Solo se emociona al preguntársele cuál es su música favorita. “Me gustan las baladas de los sesenta y setenta, Los Iracundos, los Ángeles Negros, los Pasteles Verdes, Leo Dan, Rodolfo, Camilo Sesto’”.
Esas melodías le acompañan en sus ratos de soledad, pues su esposa y sus cinco hijos, todos profesionales, viven en Cuenca. Los visita cada mes. A ratos mira la televisión y no se desampara de la Gaceta Judicial.
Su plato preferido es el maito, uno de los manjares de la Amazonía: la tilapia, envuelta en hojas de bijao, aderezada con sal, un poquito de agua y cocida al carbón. Le encanta bañarse en el vecino río Aguarico –en esta época invernal se ve inmenso y gris.
Méndez fija su vista en los papeles del caso. “Insisto –dice- que este proceso no tiene nada que ver con la invasión a Angostura, es por el delito de asesinato”.
¿Asesinato? “Sí, existen 4 ó 5 personas que supuestamente fueron asesinadas en el campamento guerrillero; al parecer, fueron ajusticiadas, existen los protocolos médicos legales que determinan que no fallecieron por el bombardeo”. Hubo 25 muertos. Méndez confiesa que el día del ataque trabajaba en su oficina. “El 2 de marzo me enteré por los noticieros y la sorpresa fue grande”.
¿Cómo entender que un juez y un fiscal de una pequeña ciudad de la Amazonía hayan procesado a Santos y que tal acción pueda afectar las relaciones con Colombia? “Esperamos –responde- que el caso no altere las relaciones de los dos países hermanos”.
El obispo de Sucumbíos, Gonzalo López Marañón, da luces para entender esta aparente insólita acción legal. “Este caso no es aislado, es un ejemplo más de lucha por la dignidad y la justicia que siempre han demostrado los ciudadanos de Sucumbíos”.
“Al país le recuerdo -sigue el obispo- otros ejemplos: el juicio a Texaco, las protestas, a partir de 1993, para que las ocho empresas petroleras den una parte del Impuesto a la Renta a las provincias amazónicas; con esos recursos Lago Agrio ha cambiado, ¿no ve lo linda que está?”.
“Ganamos el juicio al Estado y al Ejército por el injusto proceso en contra de los 11 campesinos inculpados por el ataque en el Putumayo (1992), la lucha persistente es un rasgo de la idiosincrasia de este pueblo”.
Sus palabras son avaladas por 40 años de servicio espiritual y liderazgo en Lago Agrio, adonde llegó desde Burgos, España, en 1971, cuando Nueva Loja tenía apenas 100 habitantes.
Un largo camino aún le espera al caso. El pasado 8 de abril, la sala de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos resolvió dictar la nulidad de todo lo actuado a partir de fojas (páginas) 2290; es decir, el juicio regresó a la parte de la audiencia de formulación de cargos y de medidas cautelares. El auto de nulidad se dictó porque el anterior juez, Francisco Revelo, no notificó con el proceso a los procesados: Santos Calderón, Freddy Padilla, Óscar Naranjo y Mario Montoya .
Revelo, juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, responde que su antecesor, Joel Bustos (conoció el caso en junio del 2008), hizo la formulación de cargos en junio de 2009 y él debía haber notificado a los procesados. Luego –añade Revelo- Bustos renunció y ahora ejerce su profesión. Revelo sobreseyó, el pasado 25 de febrero, a los cuatro imputados porque no había indicios de participación. El fiscal Carlos Jiménez apeló y la Corte Provincial anuló lo actuado desde fojas 2 290.
Méndez reconoce en que todo lo actuado hasta esas fojas es válido. A partir de las 2 290 se incluía la formulación de cargos en contra de los procesados. La orden de prisión preventiva pesa en contra de Santos Calderón. Desde el auto de nulidad, Revelo perdió la competencia y la Corte encargó a Méndez, quien hace 15 días solicitó, mediante sendos oficios, a la Cancillería y a la Fiscalía de la Nación que notificaran a los procesados. Méndez espera la respuesta.
“En este caso he puesto especial cuidado para garantizar los derechos de los procesados, para que no haya ningún alegato en el sentido de que se ha impedido su legítima defensa”.