Betty Amores, asambleísta de Alianza País, discrepa con su coideario Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. “Su actitud frente al pedido de juicio político a Jorge Marún ha sido lamentable”. La acusación contra el ex Ministro de Transporte y Obras Públicas está prácticamente archivada, pues seis de los 11 integrantes de la Comisión de Fiscalización decidieron enviarla otra vez al Consejo de Administración Legislativa (CAL). El miércoles, el oficialista César Rodríguez, miembro de la mesa, propuso que se votara la anulación de lo resuelto el martes 15 de junio. Ese día se dio paso al avance de este juicio. El argumento de Rodríguez fue que el 14 de junio la sesión se quedó sin quórum y que, por lo tanto, esta había concluido. Por ello, afirma que la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado (socialista), debía convocar a una nueva reunión y no retomar la anterior, el 15. Según Amores, se intentó aplicar una causa de prescripción, la que finalmente se concretó el mismo 15, cuando Marún cumplió un año fuera del cargo. Galo Lara (PSP) presentó el pedido al CAL el 1 de junio y el ente lo calificó el 10. Lo usual es hacerlo en tres días. Por eso argumenta que Cordero interfirió en el caso para proteger a su hijo Joaquín, quien era uno de los funcionarios encargados de los procesos de contratación del Plan Relámpago. A través de este proyecto se habría entregado anticipos para la construcción de carreteras, en varias provincias del país que, a criterio del denunciante, todavía están inconclusas.
Amores está insatisfecha por la labor de su mesa. Admite que debieron ser llamados a juicio político el fiscal Washington Pesántez y Raúl Vallejo, ex ministro de Educación, cuyos expedientes también fueron archivados. Lara no da por perdido el caso. Para él, la causa no ha prescrito y exige que el CAL se pronuncie.Pero a su coideario Fausto Cobo, integrante de esa instancia, no le ha llegado ninguna convocatoria. Aclaró que ellos solo califican si los pedidos de juicio cumplen los requisitos formales. Lara tiene más casos en carpeta. Mostró una nueva solicitud de juicio, con 38 firmas (solo se necesitan 33), para fiscalizar a Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública. Los cargos: supuesta evasión de procesos al contratar de manera directa la publicidad del Gobierno. Entre ellas Huma Creativa, Axis, Creacional, Qualitat, Publicitas, Rivas Herrera y MCD. “Alvarado ha declarado emergencias para contratar publicidades por 400 000, 800 000 y hasta 3 000 000 dólares, para varios ministerios del Estado”.