Los usuarios de la vía Alóag-Santo Domingo estamos a la expectativa del desenlace sobre el funcionamiento o no de las estaciones de peaje adicionales que se construyen.
La semana pasada, la Prefectura de Pichincha decidió que era mejor ponerse de acuerdo con todos los involucrados antes de poner a operar su segundo peaje. La Prefectura de Santo Domingo ha dicho que seguirá con su plan para cobrar la tasa.
Este conflicto nos muestra que las autoridades no dialogaron y que tampoco hicieron conocer sus planes a los usuarios. Seguramente, las autoridades nos dirán que sí han conversado y que todo mundo sabe lo que están haciendo.
Los hechos evidencian lo contrario. Veamos. La Prefectura de Pichincha no se sentó con todos los transportistas y usuarios frecuentes para llegar a un consenso, tanto que fue demandada judicialmente (el fallo fue a su favor) y la tensión no ha terminado.
Las dos prefecturas, que manejan la vía, tampoco conversaron. ¿Si no, por qué ambas construyen por separado sus estaciones? Nos preguntamos si era imprescindible edificar dos peajes cuando lo más importante era definir la tarifa que se necesita para financiar la ampliación y mantenimiento de los 101 kilómetros de la carretera. Simplemente, todos se ponían de acuerdo en el valor y se ahorraban el desgaste por los reclamos de los transportistas.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha dicho que la cantidad de peajes no depende del kilometraje, sino de los planes de inversión. Las normas técnicas señalan que en ese tipo de vías (sinuosa) los peajes deben ir cada 50 kilómetros. Los dos gobiernos seccionales aseguran que han cumplido esas especificaciones.
Los cierto es que los 15 000 usuarios diarios que circulan por esta carretera tienen una vía que se ha ampliado a cuatro carriles en 30 de los 101 kilómetros. Es más segura, está señalizada y en buen estado, pero falta el resto de obras para justificar el aumento de la tarifa.