En el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, en la Amazonía del Ecuador, un grupo de técnicos de respuesta, ingenieros civiles y geólogos realizan una evaluación de los daños causados por el desbordamiento del río Llandia. Foto: Cortesía
El tránsito vehicular en la vía Balbanera-Pallatanga-Bucay fue habilitada este lunes, 16 de enero del 2017, en un 75%. El personal y la maquinaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) de Chimborazo y del Municipio de Pallatanga realizan la limpieza de los escombros que cubren la carretera.
Las fuertes lluvias del fin de semana provocaron un deslizamiento de tierra, piedras y vegetación que impidieron el paso por cerca de cinco horas. El derrumbe ocurrió entre los kilómetros 45 y 46, de los sectores La Virgen y Trigoloma, respectivamente.
Se prevé que en las primeras horas de este martes 17 de enero del 2017, la carretera sea abierta en su totalidad a la circulación vehicular.
Asimismo, en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, en la Amazonía del Ecuador, un grupo de técnicos de respuesta, ingenieros civiles y geólogos realizan una evaluación de los daños causados por el desbordamiento del río Llandia el pasado 7 de enero del 2017. Los estudios se iniciaron hoy con el apoyo del alcalde César Castro.
Los especialistas de la Unidad de Información y Análisis de Riesgos de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) recorrieron las riberas del afluente e inspeccionaron el puente colgante que conduce a la comunidad Perpetuo Socorro, que colapsó en su totalidad.
También, la línea de conducción del sistema de agua potable del cantón Santa Clara fue destruida. Al momento el Cabildo atiende con la distribución del líquido vital a través de tanqueros. La propuesta es conducir la tubería por un puente elevado para evitar próximas afectaciones.
Los habitantes de la comunidad San Antonio solicitaron la construcción de dos muros de protección para evitar el desbordamiento del estero. Pablo Morillo, coordinador Zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, aseguró que se analizará la viabilidad técnica y el impacto social que causa con el propósito de que los proyectos ingresen al plan 50/50 que mantiene el Gobierno, es decir, el 50% financia el Municipal y el porcentaje restante el Banco del Estado.