En la Fiscalía se realizó la audiencia de formulación de cargos a Iván Espinel y el personal de la Policía se lo llevó detenido. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La Fiscalía General de Estado acusa a Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y a su amigo Walter Andrade, de un presunto delito de lavado de activos en base a una presunción de introducción de fondos ilícitos a su patrimonio, un dinero del que se ha pretendido “aparentar” un origen legal, según la fiscal del caso.
Ivonne Proaño, fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, sugirió en la audiencia de formulación de cargos contra los procesados que el supuesto caudal de dinero ilegal puede estar relacionado con las otras investigaciones que enfrenta Espinel, procesos por peculado y enriquecimiento ilícito que cuestionan su labor como directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Espinel y Andrade fueron detenidos y sus viviendas allanadas entre la noche del viernes 6 y la madrugada del sábado 7 de abril. Y de comprobarse las acusaciones podrían enfrentar una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.
La jueza Paola Dávila, titular de la Unidad Judicial Multicompente de Samborondón, dictó prisión preventiva para los dos involucrados la tarde noche del sábado tras escuchar los elementos de convicción de la Fiscalía y los descargos de la defensa en una diligencia de tres horas de duración en el Complejo Judicial de Samborondón.
La Jueza acogió el pedido de la Fiscalía, dispuso el congelamiento de fondos de las cuentas bancarias del exministro y prohibió la enajenación de un bien inmueble de Espinel (una casa valorada en USD 335 000) y de un vehículo híbrido de lujo (USD 36 000) –de acuerdo con la acusación la compra del auto no se justificó en sus declaraciones juramentadas-.
En la Fiscalía se realizó la audiencia Iván Espinel. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La Fiscalía identificó irregularidades en los movimientos bancarios del excandidato presidencial, quien según la acusación no presentó documentos de respaldo de sus cuentas de ahorro y corriente, calculadas en USD 63 000. En el lapso de 90 días de la instrucción fiscal, la defensa de Espinel también deberá justificar los pagos por USD más de USD 108 000 por consumos de su tarjeta del crédito y la de su esposa durante el periodo que abarca la investigación, entre 2010 y 2016.
La Fiscal sostuvo que en ese periodo, en el que el exministro desempeñó cargos directivos en el IESS, recibió ingresos por USD 378 000 y tuvo gastos por 669 000, lo que según la Fiscalía acusa un desfase de dinero injustificado de USD 291 000.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscal constan los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, (periodo 2010-2016), el informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría General del Estado (periodo 2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas, SRI, (periodo 2010-2016).
También se cuestionó el pago de la casa del exministro del actual gobierno, una parte cancelada por medio de un préstamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y la otra a través de depósitos en efectivo, efectuados por Walter Andrade a la empresa constructora que le vendió la vivienda a Espinel. Fueron cuatro depósitos por USD 170 500 entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.
El exministro Iván Espinel fue detenido la madrugada de ayer, sábado 4 de abril, por un proceso de lavado de activos. Foto: Cortesía Policía Nacional
El segundo procesado, quien también trabajó en el IESS, recibió ingresos anuales en 2014 por USD 2 859 y solo ese año tuvo gastos por USD 72 203. Pedro Moreira, abogado de Andrade Muñoz, indicó que lo único que hizo su cliente fue realizar unos depósitos a la constructora que le vendió la casa a Espinel “en honor a una amistad de 20 años”.
Héctor Vanegas, parte del staff de abogados que defiende al exministro, sostuvo que la nueva indagación parte de los mismos informes de la UAFE y la Controlaría, usados esta vez para otro tipo delictual. “Por el mismo documento existe una indagación en Quito por enriquecimiento ilícito donde se ha desvanecido fehacientemente todos los elementos. Eso rompe toda concepción de derecho y principio de defensa, por eso protestamos”, indicó el abogado.
Vanegas subrayó además que su cliente se ha presentado a la Fiscalía cada vez que ha sido convocado por los procesos en los que está involucrado, en Guayaquil y Quito. La defensa de los dos procesados dijo estar en capacidad de demostrar la procedencia legal de las operaciones económicas señaladas como “inusuales e injusticadas” por la Fiscalía.