Entrevista a César Navas, ministro del interior. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.
La violencia de género, las muertes de jóvenes por el consumo de drogas y la reestructuración del Ministerio del Interior son temas de coyuntura en la agenda de seguridad. Para conocer la hoja de ruta del Ejecutivo, EL COMERCIO dialogó con César Navas, marino en servicio pasivo, ministro del Interior.
El Gobierno dijo que será prioridad en estos cuatro años frenar el femicidio. ¿Qué sucedió en estos 10 años? ¿No se hizo nada para prevenir este delito?
No es que no se ha hecho nada. Se dieron pasos importantes. Primero, la inclusión del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Antes no estaba penado, hoy se lo reconoce y se lo sanciona. Desde entonces se ha venido trabajando, no es que no se ha hecho nada. Hay estrategias.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, le comento, al interior de la Policía ha habido estrategias para discutir, casa adentro, el tema de la violencia intrafamiliar y así hemos articulado con otras instituciones del Estado, (pero) particularmente el inicio de este año ha sido violento.
¿Qué dicen las cifras?
De las estadísticas que tenemos, sin contar el último incidente en El Quinche, son 63 femicidios registrados. En comparación al año anterior, hay un incremento de aproximadamente el 50%.
Nosotros, como sociedad, debemos rechazar un femicidio, basta que exista uno para rechazarlo. Para mí, la agresión a la mujer es una degradación del comportamiento social del hombre.
Pero cómo prevenir las agresiones a las mujeres si desde el propio poder político se ataca a un grupo de legisladoras diciendo que son histéricas.
Mire, yo creo que se trata de ejercer una política pública que vaya justo a cambiar la mala conducta de ciertos ecuatorianos que están acostumbrados a agredir verbalmente y peor físicamente a las mujeres.
Es decir, sí fue un error calificarlas de histéricas…
No he visto la nota.
Fue un calificativo que dio el Vicepresidente.
De verdad que no lo he visto.
¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior para enfrentar el femicidio?
Hemos establecido un sistema de alerta temprana.
¿En qué consiste?
Cuando una mujer que reciba una amenaza ponga la denuncia, ya sea en la Fiscalía o a través de una llamada al ECU 911 o de las UPC, se va a georreferenciar su ubicación, y nosotros, a través de las UPC, haremos visitas frecuentes y también identificaremos al posible victimario.
¿Cuándo estarían operativas estas alertas?
Ya lo iniciamos. Hemos levantado el registro. Ahorita hay un equipo que está georreferenciando eso. La información se pasa a las UPC. Y de ahí se va a establecer un plan de visitas continuas, para ver cómo está el comportamiento en casa, si ha existido alguna novedad. Vamos a monitorear permanentemente.
En la Constitución se descriminalizó el consumo de drogas, en 2014 se creó una tabla de dosis para consumo, pero en 2015 otra tabla similar para encarcelar: hay 10 000 presos ahora. Hubo un retroceso?
No creo que se esté dando marcha atrás, pero le comento algo: en el Gabinete que hubo en el Coca conversamos con el señor Presidente (Lenín Moreno) y analizamos un poco la problemática general y la experiencia de otros países.
¿Y qué conclusión hubo?
Que es tiempo de ir analizando qué otras estrategias se pueden plantear sobre esto.
¿Legalizar el consumo?
No, no digo que hay que legalizar el consumo, ni mucho menos, no.
¿No está de acuerdo?
No es que esté en desacuerdo, pero son cosas que hay que discutirlas como sociedad. Yo ahorita estoy expresándome como funcionario del Gobierno, fuera de mi posición personal. Pero, como funcionario de Gobierno, creo que es un tema que tenemos que discutir y ver otras estrategias.
¿Mientras tanto qué?
Mientras tanto vamos a ir con mano dura, una lucha frontal, decidida contra el narcotráfico y microtráfico.
Usted dijo que cada año el Estado gasta USD 12 millones en la seguridad de policías a altos funcionarios. Habló de optimizar esto. ¿Cómo lo ha hecho?
Lo que hemos hecho es una reestructuración inicial, una acción inmediata, para optimizar al personal. A veces estaba asignado personal por la función y no por la persona.
¿Qué quiere decir?
O sea, los perfiles de riesgo de cada persona son diferentes. Entonces, redefinimos perfiles de riesgo. Solo con eso, disminuimos unos 120 agentes, que se han incorporado ya a sus labores normales de la Policía. Esto está dentro de la política de austeridad que ha establecido el presidente (Lenín) Moreno.
Pero bajo esa lógica de optimización, ¿era necesario asignar al expresidente Rafael Correa un equipo de seguridad en Bélgica?
Se hizo un análisis de seguridad. Nosotros no lo hicimos, lo hizo la Senain. Y se determinó la necesidad de que el expresidente tuviera seguridad.
¿Pero en Bélgica no es una figura pública?
Es mínimo el equipo de seguridad (asignado). No es una práctica del Ecuador. En Perú, Brasil, Chile, hay expresidentes con seguridad. A veces, hasta de por vida.
Si 120 agentes ya han regresado a sus tareas normales, ¿cuánto se ahorrará con esto?
Por lo menos, USD 2,3 millones. En ese valor se incluyen (gastos por) combustible, vehículos, viáticos, sueldo y muchas cosas más.