Ciertos factores predisponen a las mujeres a ser más vulnerables. Foto: Archivo EL COMERCIO
Antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el país se aplicaba la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia para castigar estos delitos. Ahora, la nueva legislación incluye sanciones específicas y severas para los agresores. Una de las novedades es la violencia psicológica. Esta infracción se pena hasta con tres años de cárcel.
El castigo varía según la gravedad de las lesiones emocionales de la víctima. En el artículo 157 del COIP se especifíca que la violencia psicológica está relacionada con “actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje,
humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones”.
Hay tres escalas para sancionar a los agresores. La primera: si se provoca daños leves a la víctima, la pena va desde treinta a sesenta días de prisión. La seguda: si el impacto psicológico es moderado y se requiere de tratamiento médico especializado, el juez puede imponer una sentencia de seis meses a un año.
Finalmente, la tercera escala: si la afectación emocional es severa -y aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir- la privación de la libertad es de uno a tres años de cárcel.
Para determinar estas escalas, la Fiscalía debe practicar peritajes psicológicos a las víctimas. En estos análisis se detectan, por ejemplo, el nivel de depresión de las víctimas, la baja autoestima, posibles miedos, pérdida de apetito…entre otros trastornos.
Antes de la vigencia del COIP, estos casos los conocían las Unidades judiciales contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Los jueces de estos despachos eran los encargados de emitir las boletas de auxilio u otras medidas de amparo. Ahora, esas tareas las competen a los jueces penales que operan a escala nacional.
Según el artículo 159, las Unidades contra la Violencia a la Mujer y la Familia únicamente conocerán los casos de agresiones físicas que causen lesiones o incapacidad menores a tres días. Estos casos se juzgan como contravención y el agresor enfrenta una sentencia de 7 a 30 días de prisión.