Vicente Rocafuerte, un forjador del Estado ecuatoriano

Vicente Rocafuerte desempeñó varios cargos públicos.

Vicente Rocafuerte desempeñó varios cargos públicos.

Vicente Rocafuerte desempeñó varios cargos públicos.

En los anales de la historia ecuatoriana, la obra de Vicente Rocafuerte como verdadero creador del Estado ecuatoriano no es muy conocida. La memoria ciudadana prontamente olvida la contribución de sus más prominentes gobernantes para dar paso a la vorágine donde prima la circunstancia política sobre la verdadera razón de servicio a la nación.

Rocafuerte no solo fue el segundo mandatario que tuvo el país sino el artífice real del Estado, toda vez que, si bien Juan José Flores fue el fundador de la República, no tuvo la estatura académica del guayaquileño. Sin temor a equívocos, en la historia patria no ha existido otro mandatario con la formación cultural, económica, política y social que Rocafuerte, sobre todo en el campo internacional.

Su gestión como gobernante no fue improvisada sino que se acrisoló en esferas europeas, estadounidenses y de la propia América, pues desempeñó elevados cargos como diplomático representando a México en Washington, Dinamarca y Londres, cosa única en los anales ecuatorianos. De igual forma cumplió importantes funciones cosmopolitas a nombre del Libertador Simón Bolívar en España, a quien, más tarde, no dudaría en enfrentar cuando no estuvo de acuerdo con sus tendencias centralistas.

En el gobierno de Vicente Ramón Roca, de 1845, llegó a ser electo senador en representación de cuatro provincias, cuyos delegados le pidieron “ser honrados con su nombre para que defienda los intereses de estos pueblos que admiran su rectitud y patriotismo…” (Ismael Logroño, ‘Políticos notables del Ecuador’, Cuenca, Imprenta de L. Domínguez, 1918, p. 78)

En materia jurídica, Rocafuerte no compartió la primera Constitución de 1830. Desde cuando fue nominado como Jefe Supremo del Departamento del Guayas, el 10 de septiembre de 1834 al 22 de junio de 1835; más tarde Jefe Supremo del Estado, del 22 de junio al 8 de agosto de 1835, y luego elegido Presidente de la República, del 8 de agosto de 1835 al 31 de enero de 1839, insistió en que había necesidad de contar con nueva ley diferente a la anárquica de Flores, motivo por el que buscó promulgar una nueva Carta Magna, gestión que se concretó el 13 de agosto de 1835.

El Mandatario cuidó que la redacción de la Constitución de 1835 fuera clara y precisa en temas fundamentales relacionados con los derechos civiles, así como con la estructura.

Esta Ley llamaba por primera vez a elecciones a fin de nominar a representantes para conformar la Convención Constituyente. Si bien la norma electoral constaba en la Constitución de 1830, no se cumplió debido a los intereses políticos de Flores, quien designó personalmente a los legisladores. Por ello, su gesto como gobernante lo convierte en el verdadero transformador de la vida democrática nacional.

Con oportunidad de convocar a los ciudadanos para que elijan a los diputados que formarán parte de la Constituyente, el 1 de febrero de 1835, se dirige a su amigo el guayaquileño Francisco Vitores, -quien más tarde sería electo diputado por Guayaquil-. En la carta le dice: “He dispuesto se convoque a elecciones libres conforme determina la Constitución… No es posible que unos pocos ejerzan el poder de manera anárquica y absoluta sin respetar los derechos de los demás… quien así lo hace, se convierte a la postre en un tirano por cuanto lo que prevalece es su voluntad disfrazada de legal, pero que a los ojos de los ciudadanos no es otra cosa que el ejercicio de un gobierno omnímodo. Por ello es bueno que todos quienes se hallen en capacidad de hacerlo ejerzan el derecho a elegir libremente… si ellos se equivocan, no culpen a nadie de la desgracia del país, por cuanto la felicidad de un pueblo depende de la calidad de sus gobernantes …” (BAEP, ‘Gobierno de Rocafuerte’ 1834-1839. Varios. No. 138)

Conforme a estos principios, el Mandatario cuidó que la redacción de la Constitución fuera clara y precisa en temas fundamentales relacionados con derechos civiles, así como con la estructura misma del Estado. Por ello, el Art. 1 señala que “La República del Ecuador se compone de todos los ecuatorianos reunidos bajo un mismo pacto de asociación política. Art. 2.- La soberanía reside en la nación, i su ejercicio delega a las autoridades que establece la constitución. Es una, é indivisible, libre é independiente de todo poder extranjero, i no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona” (Constitución de 1835)

Los legisladores floreanos no estuvieron de acuerdo con estos cambios, por cuanto afectaba a sus intereses, ya que muchos de ellos provenían de Venezuela y Nueva Granada (Colombia), y eran en su mayoría oficiales que habían participado en las luchas por la independencia, luego de lo cual, buscando legalizar su estancia en el país, contrajeron matrimonio con hijas de prestantes familias ecuatorianas, sobre todo de Quito, Guayaquil y Cuenca. En su nueva situación, defendían más bien sus intereses económicos antes que los derechos de los ciudadanos.

En este y otros puntos, Rocafuerte fue inflexible, primero por su carácter, luego por su amplia y sólida formación pública, causa por la que “reprimió con más dureza que García Moreno y que Alfaro, pero nunca trató de permanecer en el poder más allá del tiempo asignado por el mandato de la ley porque nunca renunció a sus convicciones democráticas”. ( Simón Espinosa, revista Vistazo, Presidentes del Ecuador, 1996, p.11)

En materia económica era rígido y austero. Jamás permitió que los empleados públicos dilapidaran dineros del Estado. Perseguía a los embusteros y contrabandistas y más aún a quienes eran responsables de manejar dineros oficiales. No toleraba oposición si se trataba de imponer leyes que beneficien al pueblo, para lo cual empleaba mano dura y casi despótica, particularmente con los que buscaban beneficiarse de fondos gubernamentales.

En más de una ocasión hizo ahorcar a malos empleados, como el caso del jefe de Estancos del Azuay, Isaías Muñoz, a cuya familia obligó vender todos sus bienes para reponer caudales que habían sido entregados a varios exmilitares extranjeros so pretexto de iniciar una empresa para negociar tabaco y aguardiente.

Promulgó la primera Ley de Hacienda que permitía ordenar las recaudaciones, sobre todo en las aduanas. Llegaba al extremo de vigilar personalmente los pagos que se hacían en Guayaquil cuando se exportaba cascarilla y cacao, entre otros productos.
Todo ello permitió regular la deuda interna que había crecido de manera irresponsable, toda vez que el Gobierno anterior había solicitado a ciertos banqueros préstamos exorbitantes para cubrir gastos corrientes.

Por otro lado, puso orden en la milicia, sobre todo en soldados y oficiales extranjeros, que cometían arbitrariedades con la justificación de “haber servido a la causa de la independencia”. A muchos los hizo fusilar sin contemplación. Fue intolerante con la burocracia a la que exigió puntualidad y preparación para el ejercicio de los diversos cargos.

La historia ecuatoriana se halla en deuda permanente con el forjador de nuestra nacionalidad.

*Doctor en Historia. Correspondiente de la Academia Nacional de Historia Militar.

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