Alfonso, un pequeño de cabellera rubia y rostro rosado, lucía asustado por los gritos. A su alrededor, unos 30 jóvenes con camisetas azules pedían enérgicos “Aborto cero” para el Ecuador. “Este es un rostro que le dice no al aborto”, repetía Eliana Cabrera, madre de Alfonso. El niño de 2 años es el último de sus nueve hijos. “Los médicos me pedían que lo abortara. Tenía presión arterial de 200, placenta previa, ocho cesáreas anteriores, tenía 48 años y riesgo de morir… Pero lo salvé del aborto”.
Con inocencia y a ratos jugando, Alfonso participó en un plantón del grupo pro-vida 14 Millones. Ayer al mediodía se reunió al pie de la iglesia San Francisco, en el centro de Guayaquil, para pedir al presidente Rafael Correa que vetara el art. 150 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.
E ste artículo puntualiza que en el país el aborto no será punible si es “practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer, o su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal”.
Y solo en dos casos puntuales: “Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental”.
Durante el debate del COIP en la Asamblea se mostraron algunas cifras que revelaron entre 24 000 y 25 000 abortos por año, entre 2010 y 2012. Esto sin contar los clandestinos.
María Sol Rubio, estudiante de Medicina, se aferra a la enseñanza de sus maestros: el embrión ya es un paciente.
P ero Tatiana Ortiz vive el otro lado de la historia. Como directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), en Guayaquil, ha sido testigo del trauma, de las huellas que marcan a las víctimas de violencia sexual. En el país, una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de esta violencia y a diario, en promedio, se denuncian entre 10 y 14 violaciones.
SDLq Si se eliminan las dos únicas causales del 150, las más afectadas serán las mujeres más pobres. Y los riesgos de muerte y mortalidad aumentarán. Negar eso es una absoluta miopía, un total egoísmo”, asegura.
Ortiz recurre a la Guía de abortos sin riesgos, de la OMS, que indica que “en los países donde el aborto inducido legal está restringido o no está disponible, con frecuencia un aborto sin riesgos se ha vuelto privilegio de los ricos”.
El Frente Ecuatoriano por la Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos pide que la decisión de abortar, en caso de violación, sea un derecho de todas las mujeres y no solo del 1% que tiene una discapacidad. Se amparan en el Atlas de Desigualdades.