11 de mayo de 2017 17:40

La revisión de las pensiones alimenticias, bajo análisis

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Diego Bravo
y Mariela Rosero (I)

Los posibles ajustes a la tabla de pensiones alimenticias se debate entre abogados de familia y madres y padres interesados en el tema. Aunque, hasta el cierre de esta edición, el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, anunciado por el presidente Rafael Correa, no llegaba al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

“Estoy al final de mi mandato y me la juego políticamente”, dijo Correa y confirmó que cumplirá con el compromiso que hizo con colectivos de padres organizados. El sábado pasado, en el enlace 520, adelantó que “van a corregir abusos que se están cometiendo”.

¿A qué se refirió? A la aplicación de la tabla, que fija una pensión que cubre todas las necesidades, incluso recreación, del o los hijos. La paga quien no se queda al cuidado de los niños. Va desde el 28,12% de sus ingresos y depende del número de niños.

El presidente Correa recordó que se buscó defender el “derecho superior del niño”. Pero apuntó que con el apremio o prisión por no pagar las pensiones, el niño se queda sin pensión alimenticia, el hombre seguirá sin trabajo y el Estado tendrá un preso más que alimentar. “Tengamos sed de justicia y no sed de venganza”.

También aseguró que una cosa es que un padre no pague la pensión de su hijo por haberse quedado sin empleo. En ese caso habló de “buena fe”. Otra cosa es que “sea un sinvergüenza que oculta su riqueza... Metieron preso a un enfermo terminal de cáncer”.

En los despachos de abogados de familia se habla del tema. También en las salas de mediación y juzgados de la Niñez, como pudo constatar este Diario, el martes 2 de mayo.

Roger Cusme es juez de la Unidad IV de esta materia en Pichincha y maneja un promedio de 60 juicios de este tipo cada mes. Asegura que la mayoría se resuelve a través de mediación, ya que el procedimiento es más rápido. “El acta de mediación tiene la calidad de sentencia ejecutoriada”.

Pero, cuando hay falta de entendimiento se recurre a los juicios de alimentos y se deben presentar pruebas, lo cual toma más tiempo. “Hay casos en los que la madre pide fijar una pensión y él no lo acepta”.

De los casos que recibe mensualmente, el 30% termina con sentencias en las que el demandado debe cancelar montos correspondientes a la primera tabla de pensiones, salario de USD 375 a 468. Otro 30% corresponde a la segunda, para quienes perciben entre USD 468,76 y 1 125 (al mes). Son seis niveles, el último es para quienes ganan de USD 3 375 o más.

Un panorama similar se presenta en los centros de mediación. Maritza Armijos, coordinadora provincial, señala que, en la mayoría de acuerdos, se decide que los padres cancelen montos correspondientes a los niveles uno, dos y tres.

A su juicio, la gente recurre con mayor frecuencia a los centros de mediación para resolver los temas de alimentos. Desde enero hasta marzo de este año, en los centros de mediación de Pichincha se atendieron 2 551 casos. De ellos, 1 455, el 57%, eran de familia: alimentos, liquidaciones pendientes y régimen de visitas.

¿Por qué algunos casos no se resuelven con mediación? Intervienen aspectos afectivos y resentimientos generados entre las parejas tras las rupturas. Los esposos contrajeron compromisos con nuevas parejas o se fueron de la casa.

Ante eso “lo mejor es analizar caso por caso, no generalizar”. Lo pide Estefanía (nombre protegido), de 36 años. En el 2015, su exesposo ya fue conminado a pagar una deuda de unos USD 10 000 por pensiones alimenticias retrasadas. Pasó dos semanas en la cárcel.

Ella, presionada por cuñados, firmó un documento, para pretender que el monto había sido cancelado. Eso no ocurrió. Desde agosto del 2016 hasta el mes anterior, el papá de sus dos hijos de 15 y 17 años tampoco ha depositado los USD 120, por cada uno. Otra vez, ella ha tenido que buscar un abogado para que pague.

Eso se ve en un documento que muestra, con la liquidación requerida. “Tal vez alguna mamá se abuse de las pensiones, no todos los casos son iguales. Deben investigar”.

Estefanía cuenta que su expareja tiene una nueva relación y casi ni telefonea a sus hijos. Ella es empleada pública, con un sueldo neto de unos USD 700, que no le alcanzan. Viven en la casa de su padre.

En contexto


Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia rigen desde hace ocho años. Antes de la aplicación de la nueva tabla, que establece la pensión -según los ingresos de quien no vive con el hijo-, la cantidad era determinada por un juez.

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