Las teclas de una vieja computadora repican en la reducida sala del Juzgado Séptimo de la Niñez y Adolescencia del Guayas. Allí un abogado expone en alta voz los argumentos a favor de su defendida. Ella solicitaba una pensión alimenticia.“Que se respeten los mínimos parámetros de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez en lo referente a juicios de alimentos…”, dictaba al amanuense con tono firme, mientras el demandado se paseaba de un lado a otro tratando de ocultar su enojo.
Dentro de esas reformas, aprobadas por la Asamblea en el 2009, a más del incremento de las pensiones se incluyeron otros cambios. Uno de los más criticados es el artículo cinco.
Este artículo establece que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidades del demandado, debidamente comprobada, el pago deberán asumirlos sus familiares en este orden: abuelos, hermanos mayores de 18 años y tíos.
Los cuestionamientos a la reforma se multiplicaron tras el caso de los esposos Cedeño Vera, quienes fueron puestos bajo arresto domiciliario el 7 de abril pasado en Manabí. Esto luego de una disposición del Juzgado Segundo de la Niñez de esa provincia, en donde se sigue un juicio de alimentos en contra de su hijo.
Cayetano Cedeño, de 95 años, falleció tras la disposición que le impedía salir de su casa. Mientras que María Vera padece cáncer.
El caso más reciente fue en Guayaquil. Agustina Espinoza de 64 años recibió una boleta de apremio por un retraso de su hijo en el pago de la pensión para sus cuatro nietos. La orden de arresto, emitida por el Juzgado Décimo Tercero de la Niñez, fue revocada porque requería una cirugía urgente.
El defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, criticó las reformas. Dijo que la Defensoría prepara una demanda de inconstitucionalidad. “Se debe aplicar la Constitución, para proteger los derechos de los adultos mayores”.
Y agregó que los jueces deben estudiar los casos de este tipo para analizar las condiciones de salud y económicas de los abuelos.
A diario, en los 12 Juzgados de la Niñez de Guayas se presentan entre 40 y 50 demandas de alimentos .
En los pasillos de la Corte, el bullicio de abogados y mujeres se funde con las voces de los niños que acompañan a sus madres a las audiencias.
Junto al Juzgado Décimo de la Niñez, Mariana Cevallos esperaba revisar su caso. Hace un año recibe USD 60 al mes para los gastos de sus dos hijas. “No me alcanza. Hay que pagar educación, la comida…”. Por eso, la semana pasada acudió a la Corte en busca de un aumento a USD 150.
Mariana está segura en que el padre de la pequeñas puede dar más dinero, en caso de que quiera evadir el pedido. “No me metería con su mamá. Es una señora de edad. Si es necesario enviaría un inspector a verificar el trabajo del padre de las niñas”.
Vilma Torres, encargada del Juzgado Décimo de la Niñez y Adolescencia, propone que se retome la labor de los centros de mediación familiar, creados entre 1990 y 1998. Así, afirma, se podría solucionar gran parte de las demandas, sin llegar al proceso judicial. “Solo en este juzgado, de seis audiencias, cuatro van a acta de mutuo acuerdo. El diálogo es una alternativa, antes que el trámite judicial”. Hasta la semana pasada, en el Juzgado Décimo de la Niñez se contabilizaron cerca de 6 768 causas.