21 de abril de 2015 21:22

La división y la falta de recursos debilitaron al gremio de jubilados

El 16 de abril pasado, la Federación de Jubilados de Pichincha convocó a los jubilados a una marcha que terminó en el Palacio de Carondelet, en Quito. Foto: Jenny Navarro/ EL COMERCIO.

El 16 de abril pasado, la Federación de Jubilados de Pichincha convocó a los jubilados a una marcha que terminó en el Palacio de Carondelet, en Quito. Foto: Jenny Navarro/ EL COMERCIO.

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Andrés Jaramillo
Coordinador 
ajaramillo@elcomercio.com

El inmueble donde funciona la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del IESS Batalla de Tarqui tiene una ubicación privilegiada. Está en pleno Centro Histórico de Quito, entre las calles Benalcázar y Olmedo.

Cuenta con cinco parqueaderos, una sala de billar, un bar, un salón de eventos, dos salas de reuniones y las oficinas donde destaca el escritorio grande de Gabriel Riera, su presidente durante los últimos 13 años.

Él es señalado por supuestamente pactar con el Gobierno para dividir a los jubilados a cambio de mantener ese inmueble, que es del IESS y genera rentas mensuales. La relación la hace Adbón Logroño, presidente de la Federación de Jubilados de Pichincha.

El 16 de abril pasado, Logroño convocó a una marcha que llegó a Carondelet, en rechazo a la Ley de Justicia Laboral, que eliminó el aporte fijo del Estado al fondo de pensiones y modificó el porcentaje de incremento anual. El mismo día, Riera fue invitado a la Asamblea y manifestó su respaldo a esa ley. Dice que lo hizo porque no se ha vulnerado ningún derecho del jubilado y que eso no puede ser utilizado para acusarlo de haberse “vendido al Gobierno”.

Aclara que el inmueble del IESS, de 4 076 m2 de construcción, está bajo su administración desde 2004 y que “no es gratis”.Pagan un arriendo mensual de USD 1 120.

El dinero lo obtienen del subarriendo de parte de las oficinas a otras organizaciones de jubilados. En el contrato con el IESS se reconoce ese derecho a subarrendar, siempre que “sea en beneficio de los jubilados”. Al mes recaudan USD 2 800. “Con eso pagamos luz, agua, teléfono, el sueldo de la secretaría. Nosotros cogimos este local cuando era un chiquero. Hemos invertido y de aquí no nos sacan”, dijo Riera.

La adjudicación del inmueble resultó de los acuerdos que se lograron en la huelga y toma del edificio Zarzuela del IESS, por parte de la Asociación Batalla de Tarqui, en 2004, como consta en un examen especial que hizo Contraloría en el 2007 para determinar el canon de arrendamiento, porque antes no pagaban por el inmueble.

Ese 2004, los jubilados del país exigieron la mejora de sus pensiones, lo que consiguieron. Pero la huelga de hambre dejó 19 fallecidos.

Riera fue uno de los principales dirigentes de la denominada ‘rebelión de las canas’, junto con Gerardo Ramos, entonces presidente de la Confederación de Jubilados. En Guayaquil, en cambio, destacó Ruth Domínguez que se encargó de la toma de otro inmueble.

Logroño recuerda que pese a que había diferencias entre los dirigentes, lograron consolidar un frente. Ramos fue una figura importante porque logró conciliar a las facciones. Pero tras su fallecimiento no ha habido quien tome la posta.

Riera dice que el presidente de la Confederación de Jubilados es el llamado a cumplir ese papel, pero no lo ha logrado. La organización ahora la dirige Marcelo Jijón, de Riobamba. Él reemplazó, como vicepresidente, a Carminia Molina, fallecida en 2012 en un accidente de tránsito. Este julio cumplirá tres años en el cargo y habrá elecciones.

Para él, el principal problema de organización que deberá afrontar el nuevo presidente será la falta de dinero. Recuerda que antes del 2010, la Confederación cobraba una cuota (el 1 x 1000) a cada jubilado agremiado, lo que permitía un ingreso mensual de USD 60 000. El dinero servía para mantener las oficinas, financiar las movilizaciones y cubrir los gastos básicos.

Pero Riera presentó en 2009 una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional que fue aceptada. Se vino abajo el Decreto Supremo N° 695 de 1976 que facultaba al IESS a retener esa cuota mensual. “Nunca rindieron cuentas”, señaló Riera.

Para Jijón, eso debilitó a los jubilados. Luego, la Federación de Pichincha, de Logroño, incluso dejó de percibir los montos que le significaban la administración de las salas de velación Los Lirios, también del Seguro Social.

Fue cuando Ramiro González aún estaba al frente del Consejo. El exdirector dijo que no hubo un interés de mermar a esa organización de jubilados, sino que fue un pedido de la Contraloría (2010).

Los jubilados ahora han optado por el autofinanciamiento. La Confederación recibe aportes voluntarios de sus afiliados. USD 1 al mes, de cada uno. Jijón no revela cuánto representa al mes, pero sí cómo se distribuye ese dólar: USD 0,50 para la Confederación, 0,25 para las federaciones y 0,25 para las asociaciones.

Hay entre 35 000 y 40 000 jubilados vinculados a la Confederación y sus filiales. Al cierre del 2014, en el país se registraron 432 780 jubilados por vejez, discapacidad, montepío, etc.

“Lamentablemente la gente estaba acostumbrada a moverse con dinero. Cuando había el 1 x 1000 la Confederación ponía 40 o 45 buses parar transportar a los jubilados de las provincias a las marchas en Quito. Ahora no hay recursos”, reconoce Jijón. Y eso se palpará en la marcha convocada para el 1 de Mayo, por el Día del Trabajador.

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