5 de octubre de 2017 13:42

La pregunta del Yasuní en la consulta genera dudas sobre implementación y protección de biodiversidad

Ambientalistas y estudiosos en materia de ambiente consideran que la inclusión del Yasuní en la consulta popular es favorable, pero tienen dudas. Foto: Archivo/ Julio Estrella/ EL COMERCIO.

Ambientalistas y estudiosos en materia de ambiente consideran que la inclusión del Yasuní en la consulta popular es favorable, pero tienen dudas. Foto: Archivo/ Julio Estrella/ EL COMERCIO.

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Isabel Alarcón

La pregunta correspondiente al área protegida del Parque Nacional Yasuní, incluida en las propuestas de consulta popular, aún genera dudas sobre su implementación y la protección efectiva de su biodiversidad. Ambientalistas y estudiosos en el tema coinciden en que la inclusión de este tema es favorable, pero consideran que no es la única medida que se debe tomar.

El planteamiento que se busca hacer a la ciudadanía es: “¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1 030 hectáreas a 300 hectáreas?”.

Para Eduardo Pichilingue Ramos, vocero del colectivo Yasunidos, la pregunta “no cambia mucho la realidad de la explotación de los bloques 31 y 43”, autorizada por la Asamblea Nacional en el 2013.

La Reserva de Biosfera del Yasuní es considerada uno de los lugares más biodiversos del planeta y alberga más de dos millones de especies. Según Pichilingue, aunque se reduzca a 300 hectáreas el área de explotación, los impactos en esta zona serán los mismos, ya que no se ha tomado en cuenta que, hasta el momento, las repercusiones ambientales ya superaron esa extensión de terreno.

La fase de exploración, la construcción de carreteras, la contaminación de aire y del agua y los sonidos de las maquinarías ya han generado un impacto en los ecosistemas, de acuerdo con el ambientalista. Con esta pregunta, dice Pichilingue, no se está diciendo que se prohíbe la apertura de más pozos y, si esto no es incluido, el impacto será el mismo.

Además, en una zona como el Yasuní, la disminución en las poblaciones de flora y fauna afectaría directamente a los pueblos indígenas en aislamiento, quienes basan su sobrevivencia en estos recursos.

Para Ivette Vallejo, antropóloga y profesora del departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flacso Ecuador, esta pregunta es “importante pero insuficiente en la manera en la que está planteada”.

Según Vallejo, hay más elementos que se deben tomar en cuenta como cuál va a ser la ubicación de esta área de 300 hectáreas para la explotación y hacia dónde se extenderán las “al menos” 50 000 hectáreas de zona intangible.

La pregunta no deja en claro, dice Vallejo, si la perforación de 350 pozos en el bloque 43 aún estaría permitida si ganará el sí.
 
También considera que el incremento de la zona intangible debería responder a las dinámicas de uso y movilidad de estos pueblos indígenas en situación de aislamiento, que debería ir más allá del área cercana a los bloques 31 y 43.

Para la antropóloga es importante que se realice un estudio de los impactos causados hasta este momento para evaluar la fragmentación de los ecosistemas y la disminución de la biodiversidad en esta primera etapa.

Para David Romo, codirector de la estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito, lo que se plantea a través de la consulta, “en otras palabras”, es detener la explotación del ITT hasta donde ya se ha desarrollado hasta este momento.

Si la pregunta llega a la consulta, y las personas se pronuncian por el sí, “estaríamos dando un primer paso hacia la consolidación de la conservación del Yasuní”, dice Romo. Pero, para el docente de la USFQ, esto debe ir acompañado de otras acciones.

El modelo de desarrollo que existe en la zona no sería el adecuado para una zona de la magnitud del Yasuní en cuanto a biodiversidad. Para Romo, se debe complementar la estrategia con una inversión para incentivar el desarrollo sustentable de la Reserva de Biosfera, por lo que se debería contar con un presupuesto fijo.

La protección de la biodiversidad no es dejar de cortar árboles, o dejar de construir una carretera, sostiene Romo, sino pensar en formas de cómo garantizar que la gente que vive ahí, “no sea el agente destructor de esa biodiversidad”.

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