27 de noviembre de 2017 00:00

Polémica por cambios en Ley sobre violencia contra la mujer

En Guayaquil se realizó un plantón para visibilizar los femicidios y la violencia a la mujer. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

En Guayaquil se realizó un plantón para visibilizar los femicidios y la violencia a la mujer. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Valeria Heredia
Redactora (I)
jheredia@elcomercio.com

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La aprobación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer estuvo marcada por dos aspectos: la protección a las mujeres y la inclusión de artículos polémicos relacionados con el aborto.

La esencia de la normativa, que se debatió y aprobó la madrugada de ayer, 26 de noviembre del 2017, (con 102 votos), fue prevenir la violencia y evitar el alto índice de femicidios. En el país se registran 244 casos desde 2014, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Esta realidad hizo posible la creación de un sistema de protección integral a las mujeres, que prevenga y las atienda en todos los ámbitos, como el doméstico, educativo, laboral, deportivo, estatal, mediático, comunitario, etc.

Sin embargo, minutos antes de su aprobación se incorporaron dos artículos relacionados con el aborto como el 45 de la Constitución de la República y el 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El primero sostiene que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. El segundo hace referencia a las sanciones o penas privativas de la libertad por casos en los que una mujer se practique un aborto.

Mónica Alemán, legisladora de Alianza País y presidenta de la Comisión Ocasional que trató el proyecto, reconoció que los dos cambios se incorporaron en el último momento en los considerandos de la ley.

Esto generó malestar en colectivos pro derechos de las mujeres, quienes protestaron tras conocer sobre el tema. “Asambleístas traidores” fue una de las frases que expresaron las activistas. “No es posible tratar de proteger a la mujer cuando se la está criminalizando en el mismo texto. Estamos en contra de la introducción de los nuevos textos de última hora”, explicó Ana Vera, integrante de la plataforma Vivas Nos Queremos.

En Ecuador 243 han sido criminalizadas en los últimos seis años por abortos. Solo en 2017 han sido criminalizadas 62 mujeres. Estos datos fueron recogidos por el colectivo Geografía Crítica. Según ellos, una de las razones es la aprobación del COIP, en el año 2014.

Para la legisladora Dayllana Passailaigue, la inconformidad de las mujeres responde a “hacer una ley al apuro”.

Pese a ello, defendió el cuerpo legal, ya que se incorporó el tema del presupuesto para la ejecución de proyectos de prevención de la violencia en diferentes ámbitos.

Lo mismo hicieron legisladores como Sebastián Palacios, de SUMA, y Tanlly Vera, de Creo. Ambos defendieron la normativa aprobada ayer.

El legislador recordó que el tema del aborto está incluido tanto en la Constitución como en el COIP. “Hay que ver la ley de forma integral”.

En esto coincidió Vera, quien sostuvo que “en nada cambia la ley por estos artículos. Nos estamos enfrascando en algo mínimo”.

Otro tema que generó incomodidad fue la prestación de servicios de salud para adolescentes en compañía de sus padres. Para la activista, esto es un retroceso de “100 años en materia de derechos”.

El sábado, además, se dieron marchas por el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Con pancartas, teatro y banderas, grupos de mujeres, familias, minorías sexuales caminaron desde la plaza de Santo Domingo hasta el parque El Arbolito, en el centro norte. Allí los colectivos hicieron un juicio simbólico.

 

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