El perjuicio por el presunto desvío de recursos públicos del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) superaría los USD 7 millones y no USD 5,4 millones, cifra que inicialmente se hizo pública.
El monto se conoció durante la audiencia pública de sustitución de medidas cautelares realizada en el Juzgado 14 de Garantías Penales de Pichincha. Este pedido se rechazó.
A la fecha, 11 personas han sido procesadas por presunta apropiación indebida de fondos públicos. De aquellas, cinco son funcionarias del área financiera del MAE y el resto son supuestos propietarios de algunas de las 40 cuentas privadas que recibieron depósitos de entre USD 80 000 y USD 430 000.
Según los Ministerios de Ambiente y de Finanzas, las trasferencias de fondos públicos a cuentas privadas obedecen a un manejo “doloso de las claves” del e-Sigef. Se trata de herramienta informática del Sistema de Administración Financiera del Estado para la gestión presupuestaria y los pagos a través de la asignación de claves a los funcionarios de las áreas financieras de las entidades estatales.
Los funcionarios son acusados de supuestamente haber entregado sus claves a terceros.
El abogado de tres de las acusadas, Wilson Velasteguí, dijo que sus defendidas fueron quienes denunciaron el ilícito al detectar una falta de liquidez de fondos y “paradógicamente son ellas quienes están presas”.
Además, dijo los robos sistemáticos comenzaron en abril y los primeros días de mayo, pero recién se detectaron el 24 de mayo, aunque el sistema no dio ninguna alerta, por lo que calificó al e-Sigef de “vulnerable”.
Agregó que autoridades superiores de las detenidas tenían acceso a las claves y, sin embargo, “no están detenidas”. Consideró que sus defendidas son víctimas de las circunstancias y tomadas como chivo expiatorio.