470 294 personas deben pensión alimenticia

Carla Zapata tiene juicios de alimentos por sus hijos de 14, 12 y 10 años. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Carla Zapata tiene juicios de alimentos por sus hijos de 14, 12 y 10 años. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Carla Zapata tiene juicios de alimentos por sus hijos de 14, 12 y 10 años. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

La fortaleza de Carla Zapata se puso a prueba en los juzgados. Ella tienetres hijos y hace una década empezó una odisea: el cobro de las pensiones alimenticias para ellos.

Escritos, boletas de apremio y casilleros judiciales son parte de su vida. Así lo relató mientras revisaba su expediente, que reposa en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

En esa plataforma se registraron, hasta julio del 2017, 626 341 personas con esta obligación, para 777 986 menores, según datos del Consejo de la Judicatura.

Además, constan retrasos, pedidos de liquidación por montos adeudados y boletas de apremio. En el país se registran 470 294 tarjetas de alimentantes (obligados a pagar) en mora, a junio. Esto es el 69,04% del total en esos meses, según el ente.

A los tres hijos de Zapata, por ejemplo, les adeudan cerca de USD 2 000 (USD 374 mensuales), por cinco meses. Uno de ellos tiene discapacidad. Años atrás, la madre utilizaba las boletas de apremio para que su expareja cancelara lo adeudado. El documento se efecti­vizaba rápidamente.

Dentro de las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, se plantea que se llegue a acuerdos de pago. No se han descartado alternativas como dispositivo electrónico, prisión nocturna. No es el único tema sensible en la propuesta legal, cuyo informe para primer debate pule la Comisión de Justicia en estos días. Otros son tenencia compartida, ­corresponsabilidad parental, ren­dición de cuentas y otros.

Para la legisladora Verónica Arias, de Acción Regional por la Equidad, es necesario mantener el acuerdo entre los progenitores para la custodia del niño, como consta en la actual normativa. Sostiene que no es lógico dar paso a una rendición de cuentas. “Es humillante”.

Una visión similar tiene Yanua Endara, madre de Pablo (21) y de Manuela (15). Su juicio de alimentos empezó hace dos años y se determinaron USD 600 por ambos. El monto ayuda a cubrir los gastos de los chicos, que llegan a USD 2 000 al mes. Pablo estudia Música y el semestre en la universidad llega a 3 500. Por Manuela paga USD 200 al mes.

Estos rubros no incluyen transporte, alimentación, vestimenta, útiles, medicamentos (en caso de enfermedades).

La situación para esta familia se complicó con el pedido de rebaja de la pensión por parte del padre. Lo logró, ya que adujo que no tiene dinero ni trabajo. Ante ello, Endara buscó trabajos ocasionales para sostener a sus hijos.

Su hijo mayor también labora para ayudar con los gastos del hogar. Para él, su madre no solo los mantiene, además les brinda un apoyo emocional. “Eso no tiene precio”.

El análisis de las reformas al Código de la Niñez despierta el interés de varios sectores. Para Pilar Raza, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, las reformas “no son viables”. Lo dice porque, entre otras cosas, se vulneran los derechos de los chicos, no de sus madres. “Las reformas son un retroceso para los derechos de los infantes. Vamos por el archivo”.

Otra de las agrupaciones activas en el debate de esta iniciativa es Coparentalidad Ecuador. Ellos respaldan, por ejemplo, la tenencia compartida de los niños. En su propuesta se detalla que un juez será el encargado de la decisión. Eso implica que ambos se harían cargo de la protección, la alimentación, la vestimenta y otros rubros de manutención.

Para María Mercedes Cuesta, asambleísta de Fuerza Ecuador, el debate de estas reformas debería ir más allá, en especial, en el tema de pensiones de alimentos.

Su propuesta es que el juez considere una intervención en los fondos de reserva del progenitor o garantes solidarios. Así, el padre o la madre afiliados al IESS cumplirán con su obligación. Si no tiene recursos, el pago mínimo de la deuda debe ser del 25%.

Hasta que eso suceda, Zapata y Endara continúan con la manutención de sus hijos y con su pelea por el pago de las pensiones. La primera busca garantizar las medicinas de su último hijo (con discapacidad) y los estudios de los otros. Endara se mantiene fuerte para sostener a sus hijos, a quienes su expareja ya no ve.

En contexto

El expresidente Rafael Correa envió el 18 de mayo pasado la propuesta de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Desde esa fecha, la Comisión ha recibido a una serie de agrupaciones y personas, quienes están a favor y en contra de la iniciativa.

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