22 de enero de 2015 16:54

El Parlamento portugués rechaza la adopción por parejas homosexuales

Los sectores conservadores se opusieron a los proyectos de ley propuestos por los partidos socialistas. Foto: AFP.

Los sectores conservadores se opusieron a los proyectos de ley propuestos por los partidos socialistas. Foto: AFP.

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Agencia EFE

El Parlamento portugués rechazó hoy (22 de enero) varios proyectos de ley que permitían la adopción por parte de parejas homosexuales con los votos en contra de los dos partidos del Gobierno, el socialdemócrata PSD y el democristiano CDS-PP.

No es la primera vez que los diputados portugueses se oponen a la adopción por parejas homosexuales, ya que en marzo del 2013 se votó un proyecto de ley que tampoco salió adelante debido a la mayoría de la coalición gobernante.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Portugal desde 2010, pero a estas parejas no se les permite adoptar, un asunto que genera gran polémica entre partidos políticos y que se discute periódicamente en la Asamblea de la República.

En esta ocasión, los diputados votaban los proyectos de ley presentados por el Partido Socialista (PS, principal de la oposición), el marxista Bloque de Izquierda (BE, en sus siglas en portugués) y Los Verdes, quinta y sexta fuerzas en el Parlamento, respectivamente.

Los tres proyectos defendían un cambio en la ley para que las disposiciones que regulan el matrimonio sean independientes de la orientación sexual de los cónyuges, lo que en la práctica permitiría a los homosexuales recurrir a la adopción.

La mayoría de los diputados socialistas, que tenían libertad de voto, se mostró a favor de las propuestas, que también recibieron el apoyo de todos los miembros del BE, Los Verdes y el Partido Comunista.

El Parlamento promovió en 2013 una ley impulsada por la izquierda que regulaba el derecho de los homosexuales a la 'coadopción', es decir permitir a un miembro de la pareja adoptar a un hijo que ya se encuentre bajo la tutela legal del otro.

Esta propuesta fue aprobada en primera instancia en mayo de 2013 por la Asamblea, pero la mayoría conservadora acabó rechazando la medida en la votación definitiva al proponer un referéndum popular para conocer la opinión de los ciudadanos. La celebración de esa consulta fue rechazada posteriormente por el Tribunal Constitucional, a causa de un tecnicismo legal.

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