13 de octubre de 2017 13:29

Omisiones y negligencia hubo en caso de abuso sexual a escolares, dice ministro Falconí

Fander Falconí, ministro de Educación, se refirió al tema junto a otras autoridades de la Cartera en una rueda de prensa este 13 de octubre del 2017. Foto: Twitter @EducacionZ9_Ec

Fander Falconí, ministro de Educación, se refirió al tema junto a otras autoridades de la Cartera en una rueda de prensa este 13 de octubre del 2017. Foto: Twitter @EducacionZ9_Ec

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Diego Bravo
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Más reacciones surgen respecto al caso de abuso sexual a niños registrado en una escuela pública del norte de Guayaquil, que se investiga. La mañana de este viernes 13 de octubre del 2017, el ministro de Educación, Fander Falconí, admitió que hubo un conjunto de omisiones y negligencias por parte de las autoridades educativas de ese plantel.

Hubo dos informes, el del 30 de mayo y 6 de junio, que fueron levantados por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del establecimiento. En estos, se detectaron “indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. Es decir, ya hubo alertas”, precisó el funcionario.

“Este documento fue a donde la rectora. De acuerdo con los protocolos de actuación que tiene el Ministerio, como autoridad, ella tenía la potestad de judicializar el tema, pedir datos adicionales o recoger información adecuada sobre los hechos. Ella no hizo la intervención aunque tenía toda la potestad de hacerlo sino que emitió el informe a la Dirección de Distrito”, señaló Falconí.

Tras llegar al Distrito, la directora distrital devolvió el trámite a la unidad educativa. “Es decir, aquí estamos hablando de otro elemento de omisión por parte de una autoridad”.

Ante esa situación, el Ministerio de Educación removió de su cargo a la directora distrital también. Falconí además lamentó que, tras la orden de la Fiscalía de intervenir en la unidad educativa, el viernes de la semana pasada, “se le impidió ingresar (a la investigadora encargada del caso) al establecimiento. Esto, en la práctica, lo que provocó es que haya dos profesores fugados. Aquí hay otro factor gravísimo de actuación. Son omisiones irresponsables”, explicó el ministro.

Finalmente, se abrieron sumarios administrativos contra la rectora, vicerrectora e inspector general del plantel.

Falconí se refirió al tema junto a otras autoridades de la Cartera como Marcelo Jaramillo, cordinador jurídico del Ministerio de Educación; Mónica Reinoso, subsecretaria de Innovación Educativa y Buen Vivir, y Erika Lainez, subsecretaria de la Zona 8 que corresponde a Guayaquil.

Ellos repudiaron cualquier hecho de violencia que se registre en los establecimientos educativos del país. También anunciaron que se tomaron medidas sobre el tema.

Primero se intervino al centro educativo. Luego se ordenó una evaluación psicométrica al personal docente y administrativo que trabaja allí. Asimismo, que se realice una valoración psicológica a los niños que se forman en esa escuela.

También se ha pedido a los DECE que haya atención especializada para las víctimas y acompañamiento para quienes denunciaron el tema. Sanciones para los autores, cómplices y encubridores de los hechos, entre otros.

Ante los casos de violencia registrados en otros planteles educativos, Falconí indicó que ya se han tomado medidas. “Emití, hace dos meses, una circular pública a todas las autoridades educativas en la que dispongo, de forma obligatoria, que se haga un seguimiento, evaluación y sistematización, que tengamos políticas de cero tolerancia frente a este tipo de vejámenes. Está elevado a nivel de política pública”, expresó Falconí.

A esto se suma que se busca reforzar los DECE. Es parte de un conjunto del protocolo de acción rápida del Ministerio de Educación.

También se ha levantado cifras sobre los casos de violencia registrados en los centros educativos. Desde el 2014 al 2017, hubo 882 de todo tipo (sexual, acoso, bullyng, grooming, entre otros). De esa cantidad, 321 autores corresponden a personas externas al sistema educativo como parientes, conocidos, amigos, conductores.

561 son gente vinculada a ese ámbito: compañeros, docentes, personal de limpieza, administrativo y autoridades. Se han levantado 453 sumarios. “En su mayoría se iniciaron procesos administrativos y judiciales. Al momento Educación cruza bases de datos con la Fiscalía para conocer en qué estado se encuentran”, manifestó Reinoso.

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