15 de junio de 2017 00:00

Verónica Espinosa: ‘No buscamos perseguir con el Código de la Salud’

La ministra de Salud Verónica Espinosa habló del Código de la Salud que se debate en la Asamblea. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

La ministra de Salud Verónica Espinosa habló del Código de la Salud que se debate en la Asamblea. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Mariela Rosero
Coord. (I)
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La discusión en torno al proyecto de Código Orgánico de la Salud se retomó ayer 14 de junio del 2017 en el Legislativo. Una vez que el 10 de mayo el texto pasó el primer debate en el Pleno, los asambleístas de la respectiva comisión oyen más voces.

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, explicó la visión oficial sobre temas de los que hablan los médicos.

Dirigentes gremiales dicen que el Código de la Salud puede convertirse en una herramienta que sancione y hasta criminalice el oficio. ¿Qué opina usted?

Es una oportunidad histórica de tener un marco legal actualizado que permita el verdadero ejercicio de la profesión. No buscamos para nada instaurar, con el Código, un sistema de persecución a los profesionales.

A los médicos les preocupan las multas e incluso la revocatoria de licencias para el ejercicio profesional. ¿Cómo funciona en otros países?

El ejercicio de la profesión es permitido por la autoridad sanitaria y puede ser revocado ante severos incumplimientos. También hay multas altas y pequeñas. Pasa en el mundo. Los ministerios deben garantizar que existan límites y sanciones administrativas, más allá de lo penal.

¿Qué ocurre ahora?

Inspeccionamos casas de salud y la norma dice que debe haber un desfibrilador cuando se hacen cirugías. Al paciente se le puede parar el corazón y debe haber herramientas para resucitarle, pero hallamos solo la carcasa, no hay motor. Y no podemos sancionar.

¿Qué pasa en casos de mala práctica médica?

A alguien se le puede suspender la licencia de ejercicio profesional por causas puntuales como manipulación genética. Pero la ley es escueta. Tristemente en el país hay casos de profesionales que han inyectado aceite de autos en lugar de implantes mamarios. El marco regulatorio actual no da cabida a las sanciones que corresponden. También, existen medicinas que no se deben vender sin receta, pero si se hace no hay pena.

En este punto, ¿qué quiere que diga el Código?

Si no hay sanción, el mensaje es impunidad. Se busca la mejora continua de la calidad. La ley debe decir que esto le puede pasar: multa, clausura... según la gravedad del incumplimiento. Tras una mala práctica, a veces la gente dice que no quiere que se vaya preso (el médico), pero que haya sanción si no hizo lo que debía. La vía administrativa evita la penalización.

En el texto ya se habla de reproducción asistida. ¿Por qué regular?

Están pasando cosas debajo del radar de la autoridad, nadie dice hasta dónde, no se vigila para que no haya abusos. Por ejemplo, sobre vientres subrogados hay un debate, vemos mujeres precarizadas, se prestan a mafias como las de tráfico de órganos.

En Holanda, un médico usó su semen para inseminar a pacientes. En el proyecto se pide que las clínicas lleven un registro de los donantes. También que no haya compensación económica para ellos o los vientres subrogados. ¿Eso se puede debatir más?

Esta sociedad debe discutir sobre la reproducción asistida. La reserva de la identidad del donante se mantendría, pero el ente rector debe acceder a esa información. Hay normas de bioética y literatura que señalan que la donación de órganos, tejidos y células debe ser altruista y voluntaria. Remunerar puede dar lugar a que un tercero se beneficie. Hay que evitar que alguien maneje cinco mujeres y que sus úteros sean vendidos...

En otro tema, ¿por qué hablar de testamento vital?

Para que un paciente terminal pueda decidir, por ejemplo, en caso de entrar en paro cardiorrespiratorio, no ser resucitado, o si tiene cáncer terminal. Que pueda decir ‘no quiero que me encarnicen (usar los medios para prolongar la vida artificialmente).

Pese a la controversia que genera, el Ministerio ha escuchado a organizaciones de mujeres y exige a los médicos reaccionar y asistir ante casos de aborto. ¿Tienen cifras que sostengan ese articulado?

Es difícil obtener cifras, hay un tema moral, ético y penal por el que invisibilizan estos casos. Garantizaremos el derecho a la vida. Independientemente del componente ético y moral sobre el aborto, de creer que es pecado o no, no atender a las mujeres puede ocasionar la muerte.

¿Qué garantizarían?


Medidas preventivas, acceso a planificación familiar. Pero también el manejo de un aborto en curso. Llega y hay un pánico social y ese miedo puede desembocar en que las mujeres se mueran. Es como que llegue el paciente infartado y no se conozca qué hacer.

Uno de los puntos que más preocupa a los médicos es el tarifario. ¿Regiría para el sector privado?

Algunos actores hablan contra el Código porque es su capital político. Generan miedos. Yo no estaría de acuerdo con el texto si me dijeran: nos meterán presos y desde mañana la consulta costará USD 11, como en el tarifario diseñado para el sector público. El artículo 182 de la Ley Orgánica de Salud vigente ya nos faculta a determinar precios del servicio. Ya lo habríamos hecho. Hoy no es una prioridad del Ministerio. Se hizo para comprar servicios entre públicos y a privados, desde el Estado.

¿Por qué prohibir el papel del visitador médico?

En Ecuador ya está prohibido que ingresen a la consulta pública, no pretendemos prohibirlo en la privada. El mecanismo no fue generado para capacitar a médicos, como se dice. Es una estrategia de marketing para promover un producto. En lo público, de qué sirve promocionar una marca cuando ni el médico ni el paciente la escogen.


Hoja de vida

Tiene 33 años. Desde el 5 de enero del 2017 se desempeña como ministra de Salud. Antes fue viceministra de Gobernanza y Salud Pública. Estudió Medicina en la U. Internacional, con una beca estudiantil completa. Realizó su internado en el Andrade Marín. Fue directora del Subcentro de Puembo, etc.

Pensamiento. Un Código de la Salud debe decir esto le puede pasar: multa, clausura, revocatoria de la licencia de ejercicio, según la gravedad del incumplimiento.

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