1 de julio de 2015 20:38

La regulación del Gobierno a los servicios de salud genera reacción

El miércoles se entregó la certificación de calidad al Baca Ortiz. Foto:Andrés Jaramillo / EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo
Coordinador (I)

Los médicos agremiados buscan la derogatoria del Decreto 703, con el que se creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). Será una de las banderas de lucha en las movilizaciones contra el Régimen que ha sido convocada para este 2 de julio.

Alberto Narváez, vocero de la Federación Médica Ecuatoriana FME, aseguró que se da “demasiado” poder a la Agencia al tener un directorio conformado por representantes del Ejecutivo y el Ministerio de Salud. “Puede ser utilizada (la agencia) como un instrumento de persecución a los opositores”.

El ente, que debe entrar en funcionamiento en un plazo de seis meses, podrá expedir, suspender, cancelar o restituir permisos de funcionamiento de las casas de salud públicas y privadas. Y también establecer techos en los precios de los servicios que presten.

Para Narváez hay problemas relacionados con la calidad de la salud que no se podrán resolver con la Agencia. Por ejemplo, la falta de médicos. La recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)es que existan al menos 23 trabajadores de la salud por cada 10 000 habitantes para atender las necesidades de atención primaria.

En el Ecuador, la tasa total fue de 16,48 hasta el 2013, (cifra disponible más actualizada) según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Algo similar ocurre con las camas hospitalarias. La sugerencia de la OMS es 4 por cada 1 000 habitantes. En el 2013 fue de 1,5 en el país.

La ministra de Salud, Carina Vance, dijo que la Agencia no puede verse de forma aislada, sino como parte de una política que también incluye, por ejemplo, la certificación de los hospitales públicos.  

Hasta ahora, 13 de los 44 que hay en el país la han alcanzado en el marco de un convenio con la firma Accreditation Canada International (ACI). El último fue el Pediátrico Baca Ortiz, de Quito, que alcanzó en su evaluación de cumplimiento un promedio de 95,20%. Lo mínimo que debe tener un hospital es 81%.

Infografía calidad de salud

La firma, contratada por el Gobierno en 2013, tomó en cuenta cerca de 870 estándares. Desde el cumplimiento de protocolo al registrar los datos de los pacientes y limpieza de manos del personal de salud hasta preparación para emergencias y desastres y manejo de equipos en laboratorios.

A esto se suma, según la Ministra, la ampliación de la infraestructura y de recursos humanos. “En ocho años de Gobierno hemos inaugurado 11 hospitales y este año habrá cinco más. En el 2008 había 11 000 profesionales de la salud en el Ministerio y ahora 33 000 ”.

Vance recordó que la agencia nació como una necesidad de los propios médicos el año pasado, cuando se aprobó el Código Penal. Ahí se sanciona el homicidio culposo, por mala práctica profesional. Por eso, la idea es que la agencia no tenga un enfoque punitivo, sino más bien de conciliación entre los pacientes y los médicos. Así se espera que los casos no se judicialicen y puedan resolverse con la asistencia técnica de la Agencia.

Además, que el ente funcione con una independencia administrativa y financiera para hacer más efectivo el control de la calidad de la salud en el sector público y privado. En ese sentido asume las competencias del Ministerio de Salud con una promesa de por medio: no se establecerán los precios de los servicios de salud en el sector público.

Guillermo Barragán, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, aclara que los médicos no se oponen a contar con una agencia de control. Pero que esta debe ser conciliada con los actores de la salud.

La elaboración de un Código Orgánico de la Salud, agrega, puede ser la oportunidad. Hoy los médicos tienen previsto entregar su propuesta a la Asamblea y en Carondelet. Buscan, por ejemplo, que se mantenga la responsabilidad compartida de las casas de salud, frente a una posible demanda.

“Si no hay medicinas para dar al paciente en hospital público, eso no es culpa del médico”, señaló Barragán.

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