Los pedidos de la madera decomisada durante el estado de excepción forestal empezaron a despacharse. Tres instituciones enviaron solicitudes para aprovechar el recurso en obras de carácter social. El anuncio lo hizo ayer en Esmeraldas el Ministerio de Ambiente en un acto realizado en la Gobernación. Ahí el subsecretario de Patrimonio, Cristhian Terán, señaló que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Asociación Nacional de Juntas Parroquiales serán los primeros beneficiados. Los propietarios de la madera pusieron reparos. Mercedes Quiñónez, propietaria de un centro de acopio en el cantón Esmeraldas dijo que ella tiene toda la documentación legal para justificar la tenencia de su madera. En los operativos, los militares se le llevaron cerca de 200 m3 del producto.
La moratoria forestal se aplicó en la provincia verde entre octubre y diciembre del año pasado. El decreto No 116 amparó la decisión primero para 60 días y luego se extendió un mes más. El principio que llevó al Ministerio del Ambiente a esa decisión fue porque Esmeraldas tiene los más altos índices de deforestación en el país. En el acto de ayer se recordaron cifras.
Se indicó que entre el 2007 y el 2011 se extrajo 2 916 700 m³ de madera de una superficie total de 157 212 ha. Ello supuso una duplicación del área de 20 112 a 42 459 ha en esos cinco años, según el Ministerio de Ambiente.
En los tres meses de la veda, las Fuerzas Armadas y técnicos de la Cartera de Ambiente decomisaron 2 600 m3 de madera que habría sido talada ilegalmente de los bosques naturales del norte. También se abrieron 430 procesos administrativos para ejecutores, propietarios y regentes forestales. Terán indicó que estos están en fase de ejecución.
Su resolución podría desencadenar en sanciones penales o administrativas y en el peor de los casos al retiro de la autorización para aprovechar el recurso bosque. La ministra de Ambiente, Lorena Tapia, dijo que para evitar estos casos se ha trabajado en temas complementarios. Como por ejemplo la compra de siete aviones no tripulados Drones para monitorear el área boscosa del país.
Tapia señaló que la compra de los equipos es parte del Sistema de Nacional de Control Forestal que arranca en Esmeraldas como provincia piloto. La inversión asciende a USD 1 millón. En un principio se los desplazará a las zonas de difícil acceso como las áreas protegidas. De la operación de los aviones estarán a cargo 20 técnicos. Cada aparato está en la capacidad de capturar videos en alta tiempo real y hacer toma fotográfica de las zonas.