Vestido con un traje negro que dibujaba una calavera se presentó Christian Aguaiza, de la fundación Jóvenes Contra el Cáncer, ayer en la Asamblea, acompañado de una comitiva encabezada por Gustavo Dávila, su fundador. Miembros de la fundación se instalaron en la entrada del Palacio Legislativo para reunirse con la Comisión de Derechos de Salud.
Tras una hora de espera subieron al sexto piso para hablar con María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la Comisión. Aunque tenían sesión del pleno, los miembros de la Comisión subieron para escuchar los problemas que presenta la Fundación desde el anuncio de que el Ministerio de Inclusión Social les quitará el apoyo económico.
Era USD 32 000 semestrales lo que recibían, y se utilizaban en movilización, viajes, talleres, ataúdes y tratamientos. “Hay proyectos que están paralizados, y tenemos un déficit de USD 18 000 para cubrir los gastos más urgentes”, dijo Dávila.
Los casos de falta de atención prioritaria a este sector se evidenciaron ayer. Viviana Cáceres, por ejemplo, reclamó ante la Comisión el rechazo de su afiliación voluntaria en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según contó, su solicitud fue negada con el argumento de que padece una enfermedad terminal.
Ante esta y otras inquietudes, la asambleísta Vicuña mencionó que actuará. Se citarán a las autoridades de los organismos para resolver la ayuda económica. “Hay que escuchar la versión de ambas partes y encontrar una vía en la que se pueda seguir apoyando. Que el MIES deje de ayudar tiene su razón de ser, pero se van a ver las alternativas”, indicó.
María Crisitina Kronfle, miembro de la Comisión, felicitó la iniciativa de reclamar por los derechos de las personas con enfermedades catastróficas. “Somos grupos vulnerables que necesitan atención. Es un gran paso para exigir lo que es justo, y el Estado está obligado a garantizar este derecho“.
La fundación atiende regularmente a 300 pacientes y organiza eventos. Está en peligro la realización de la Jornada Internacional de Oncología.