18 de febrero de 2015 20:34

Este 19 de febrero se presenta un informe sobre salud sexual en Ginebra

La Cedaw tiene como fin eliminar acciones discriminatorias contra mujeres. Foto: Archivo /El Comercio

La Cedaw tiene como fin eliminar acciones discriminatorias contra mujeres. Foto: Archivo /El Comercio

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Andrea Gordón

Aproximadamente 58 mujeres enfrentan procesos penales por el presunto delito de aborto desde el 2009 en el país.

Los testimonios recogidos por el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos visibilizan la situación de mujeres que acudieron a una casa de salud para ser atendidas por haberse practicado un aborto. Antes de recibir atención médica son interrogadas y acusadas de delito flagrante.

Muchas de ellas son llevadas a la cárcel o sufren de arresto domiciliario. Seis de estos procesos judiciales se presentan hoy (19 de febrero) en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) que se desarrolla en Ginebra. Este es un instrumento jurídico internacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Virginia Gómez de la Torre, presidenta del Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, indica que a las mujeres se les toman los ­testimonios antes de hacerles las limpiezas en los hospitales, como un condicionamiento para que puedan ser atendi­das.“Esto constituye una violación a los derechos de las mujeres”, dice Gómez.

Los temas que se tratarán en esta Convención se centran en la violencia y la criminalización de las mujeres que se someten a abortos en casos de violación, entre otros. Allá acudirán delegados del Gobierno.

Por ello, el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, conformado por siete organizaciones sociales, elaboró un informe alternativo que será presentando en la Cedaw y que analiza la situación de discriminación y riesgos para la vida y la salud de las mujeres ecuatorianas.

Gómez señaló que las inquietudes que se presentan este jueves se basan en la falta de información oficial sobre la relación entre el aborto inseguro y la mortalidad materna; la violación del se­creto profesional y las denuncias por parte de algunos prestadores de servicios de salud; la judicialización de mujeres que requieren atención médica por un aborto.

Según el informe, las entidades están preocupadas por “el incumplimiento a las obligaciones internacionales relacionadas con el goce de los derechos de la salud reproductiva, particularmente en el acceso al aborto legal y seguro, en virtud de los derechos de la Cedaw”.

Pero el Gobierno ha señalado que se han hecho muchos avances en cuanto a la reducción de la mortalidad materna vinculada a este problema.

Ana Cristina Vera, directora del Centro de Protección de los Derechos Humanos Surkuna, manifestó que el aborto terapéutico no debe ser judicializado, ya que debe ser un procedimiento legal que cumpla la normativa médica sanitaria vigente dentro del sistema público y privado del país.

El Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto del 2014, permite el aborto cuando peligra la vida de la madre y cuando el embarazo es consecuencia de una violación a mujeres con discapacidad. Si no se cumplen estos parámetros, el aborto es penado.

“Es discriminatorio que solo las mujeres con discapacidad mental tengan acceso al aborto”, dice la activista.

La Encuesta Nacional de Opinión sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos realizada en diciembre del 2012 por Cedatos señala que el 75% de la población cree que el aborto debería ser legal cuando peligra la vida de la mujer. En cuanto a las razones que se esgrimen están la salud de la mujer, los casos de violación y las malformaciones.

Vera señala que solo hay datos sobre el vínculo entre la mortalidad materna y el aborto inseguro. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el aborto en condiciones de riesgo constituye la segunda causa de morbilidad femenina a escala nacional.

El informe establece que en el país, las mujeres que son violadas y quedan embarazadas viven situaciones de vulnerabilidad y discriminación.

Uno de los testimonios que se recogen en el informe es el de una mujer de Guayaquil, quien después de que le violaron esperó 15 días para realizarse una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Con una amiga buscó varios lugares para practicarse un aborto, cuando le hicieron la intervención pensó que iba a morir ya que el dolor era fuerte. Para ella, cada mujer debe decidir si quiere tener un hijo cuando sufre violación.

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son una causa de muerte habitual de niñas y mujeres jóvenes en los países en desarrollo. Aunque el número de muertes por esta causa entre adolescentes se ha reducido considerablemente desde el 2000, según la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, las complicaciones durante el embarazo siguen siendo la segunda causa más importante de mortalidad entre madres de 15 y 19 años.

Otro de los problemas para la salud y la vida es la prevalencia de los matrimonios infantiles en los países en los que la tasa de jóvenes es más alta. Según las estadísticas, cada día se casan 39 000 niñas, es decir 140 millones de niñas casadas en 10 años.

Esta es una de las principales causas de los embarazos precoces y se relaciona directamente con la mortalidad derivada de las complicaciones durante el embarazo.Además, las niñas casadas tienen más posibilidad de sufrir violencia y otros abusos por parte de sus maridos, según el Fondo de Población de la ONU sobre el estado de población mundial 2014.

Asimismo, se solicitó en el informe que se proteja el secreto profesional en el ámbito sanitario, ya que no se debe utilizar el testimonio del personal médico para procesar penalmente a las mujeres que llegaron a casas de salud con abortos en curso.

Ecuador es uno de los 188 estados que participan en la Cedaw. Está obligado a presentar informes periódicos a un Comité.

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