5 de octubre de 2014 18:14

Grupos GLBTI continuan en su lucha por erradicar la discriminación

Según datos del INEC y la Comisión de Transición, el 60% de GLBTI se sienten discriminados en los espacios públicos. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Según datos del INEC y la Comisión de Transición, el 60% de GLBTI se sienten discriminados en los espacios públicos. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

Este lunes (6 de octubre del 2014) por la tarde, en Guayaquil, se realizará la audiencia pública por el asesinato de John Jiménez, estilista, de 47 años, quien murió apuñalado el pasado abril.

Ante este hecho, la Asociación Silueta X rechazó el asesinato de Jiménez (Johanna) en su peluquería, ubicada en una cooperativa de la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Según el fiscal Roque Macías, quien llevó el caso, se capturó al asesino.

Según el informe del Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en lo que va del 2014 ha ocurrido 1 intento de asesinato y 4 transcidios (asesinatos por ser trans).

Esto a la par de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de la Comisión de Transición, que señala que el 60% de GLBTI se siente discriminado en los espacios públicos.

En los ámbitos educativo, de justicia, salud y laboral también es perceptible este rechazo, según las organizaciones GLBTI. Solo el 11,3% de personas GLBTI se desempeña en el ámbito científico e intelectual, según el reporte.

Aunque la mayoría de los encuestados reconoce el derecho constitucional ecuatoriano, un 73,8% desconoce que el Código Penal vigente desde el 2009 castiga los crímenes de odio con prisión de 12 a 16 años. El estudio entrevistó a 2.805 personas GLBTI en la Costa y Sierra del país sobre sus condiciones de vida.

En el mundo existen 14 países que reconocen el matrimonio homosexual, la mayoría en Europa. En América Latina se unieron a la tendencia: Argentina, Uruguay, Brasil y México.

El 60% aseguró que fue víctima de discriminación. Solo un 33% denunció el hecho ante la Fiscalía o Defensoría del Pueblo. Más de la mitad abandonó el proceso porque cree que los operadores no hacen justicia.

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