El archipiélago ecuatoriano fue retirado de la Lista de Patrimonios en Peligro. Esa decisión la adoptó ayer el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reunido en Brasilia, Brasil.
En contacto telefónico con EL COMERCIO desde Brasilia, la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, confirmó la resolución del comité técnico. La sanción fue levantada con los votos a favor de 14 de los 21 miembros.
Antes analizaron el informe de una comisión de expertos que visitó las islas para conocer los avances de las acciones emprendidas por Ecuador para reforzar la conservación de las islas. Además, luego de escuchar una intervención breve de Aguiñaga.
En 1978, Galápagos fue declarado el primer patrimonio natural mundial. Sin embargo, en julio del 2007 ingresó a la lista roja, luego de que la Unesco considerara que la biodiversidad estaba en grave riesgo.
El cada vez más creciente número de especies invasoras es considerado como una de las mayores amenazas. A las islas ingresaron desde el continente insectos, plantas y hasta chivos, que ponen en riesgo la existencia de la fauna y flora, la mayoría endémica. Según el Informe Galápagos 2007-2008, hasta hace cuatro años se detectaron 463 especies de insectos introducidas.
Se suma el excesivo flujo turístico. En el 2008, por ejemplo, llegaron 190 000 visitantes, superando los límites de tolerancia de las zonas de conservación.
También está el aumento poblacional sin control. Se calcula que en las cuatro islas habitadas (Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana) viven alrededor de 25 000 personas. Aquello provocó un crecimiento urbanístico desordenado, en detrimento del área protegida.
Aguiñaga y la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, coincidieron en que es un reconocimiento a las acciones emprendidas por Ecuador para mejorar la conservación. Entre otras se reforzaron las tareas de control fitosanitario para evitar el ingreso de las especies extrañas y de la migración irregular. Las dos funcionarias reconocieron que las tareas continuarán y para eso está previsto un plan.