11 de julio de 2017 08:51

Fander Falconí: ‘Indicios de delitos en las aulas deben investigarse’

El ministro de Educación, Fander Falconí, envió en junio una carta a docentes y rectores de planteles del país pidiendo cruzadas en la protección de los alumnos. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

El ministro de Educación, Fander Falconí, envió en junio una carta a docentes y rectores de planteles del país pidiendo cruzadas en la protección de los alumnos. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

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Mariela Rosero

En junio, con “indignación y hasta con horror”, Fander Falconí, ministro de Educación, envió una carta a todas sus autoridades, incluyendo a directores y rectores de planteles del país. Les pidió emprender una cruzada por la protección de los alumnos.

Esto en medio de un proceso de reparación a 41 estudiantes, víctimas de abuso sexual de su profesor, que ocurrió hace siete años. La Cartera acompañó a esos padres, que exigían que el plantel privado pidiera perdón a sus hijos. Y lo consiguieron. Falconí habló con este Diario sobre esas acciones.

¿Cómo logrará que además del efecto simbólico de su carta, su pedido se concrete y sea útil?

Mi gestión está enfocada en tres aspectos: mejora constante de la calidad -para llegar a estándares internacionales-, infraestructura y protección de derechos de niños y jóvenes. En ese contexto, hemos diseñado un Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el espacio escolar. Lo hemos llamado Más Unidos, Más Protegidos.

¿Cómo funcionará?

A través de cinco componentes: mecanismos de protección interinstitucional (órganos jurisdiccionales y ayuda de la cooperación internacional). También hay protocolos
de acción interna y externa, prevención de violencia y judicialización en caso de que ocurra. Más trabajo en los departamentos de consejería es­tudiantil (DECE); capacitación y socialización, y una estrategia comunicacional.

¿Qué ayuda dará la cooperación internacional?

Unicef, Unesco, ONU Mujeres y Unfpa nos colaborarán. Nos facilitarán especialistas para trabajar en un plan de acción, para ampliar el diagnóstico que hacen los DECE, protocolos de escucha y apoyo técnico, para levantar otra línea base en temas de acoso.

¿Qué espera de la comunidad educativa?

Les pido una política de prevención, eventuales sanciones, registro administrativo y cero tolerancia a estos temas. Tendrán un taller esta semana.

¿Qué opina del espíritu de cuerpo en los planteles? En casos recientes, profesores han dado firmas de respaldo y testimonios a favor de compañeros procesados judicialmente.

Es necesario investigar todas las denuncias, cuando haya indicios, sancionar sin favoritismos, no ocultar información ante un hecho delictuoso. Es nuestra responsabilidad, pero hay que matizar. Las unidades educativas son espacios de paz, de construcción de convivencia. Sí hay profesores y autoridades comprometidos. No se debe generalizar.

En su carta dice que los niños y adolescentes acuden confiados a sus escuelas. En esa línea, ¿qué opina de ese respaldo que brindan profesores a sus colegas, en perjuicio de lo que declaran sus alumnos?

No veo adecuadas esas cartas de apoyo o pronunciamientos en casos que pueden lesionar derechos. Lo que nos corresponde, como autoridades, en todos los estamentos, es seguir los protocolos. Si hay un indicio de delito en las aulas debe investigarse, con un debido proceso.

A las instituciones les preocupa perder el ‘buen nombre’. ¿Qué le parece?

El buen nombre se consigue con logros educativos, consiguiendo mejores notas en evaluaciones. También porque se defiende irrestrictamente los derechos de niños y jóvenes.

Su acompañamiento pesó para que el colegio, en donde se abusó de estudiantes, ofrezca disculpas. ¿Seguirán otros casos?

Este es un tema doloroso y nos deja lecciones. La necesidad de actuar radicalmente y de generar acompañamiento en todas las instancias, una vez que se detecta esa situación.

¿Ha escuchado sobre el caso de la niña Valentina?

No.

Tenía 11 años, fue a su escuela particular, después debía ir al conservatorio. No se sabe qué pasó. Al siguiente día su madre halló su cadáver en el colegio.

Vamos a pedir y a exigir una información y un seguimiento adecuado a este caso.

Su madre cree que se debiera revisar la idea de cerrar un plantel que no sea un lugar seguro para los estudiantes. ¿Es factible?

Hay que acudir al 132 de la Ley de Educación (LOEI). Prohíbe cometer infracciones de acoso y violencia sexual en los centros; incumplir la obligación de denunciar delitos de funcionarios, en contra de estudiantes. Esa omisión da lugar a destitución y sanciones a colegios particulares. En caso de ausencia de reparación inmediata podrán ser multados con hasta 50 salarios y con la revocatoria definitiva de autorización de funcionamiento.

En junio, usted también emitió políticas para la selección de profesores en planteles particulares. Las evaluaciones han estado dirigidas solo a los fiscales. ¿Es una señal de que se les controlará más?

La LOEI nos da la autoridad en todo el sistema. Normamos un aspecto esencial: la política de admisión, para tener personal idóneo, pedimos que en las comisiones de selección participen padres, que se verifique la hoja de vida. Había un vacío.

¿Cómo reaccionarán los planteles privados?

La semana pasada estuve en Guayaquil reunido con representantes de instituciones privadas del país, de Corpeducar y Confedec. Quieren trabajar en forma coordinada. Los controles constantes a las evaluaciones psicológicas de los maestros ya contratados se harán de forma aleatoria.

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