20 de diciembre de 2016 00:00

Cambios a Ley de Educación Superior preocupan al sector

Los estudiantes y autoridades de la UASB se reunieron ayer en el paraninfo de ese centro de estudios superiores.

Los estudiantes y autoridades de la UASB se reunieron ayer en el paraninfo de ese centro de estudios superiores. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Diego Bravo
Redactor (I)

En la U. Andina Simón Bolívar (UASB) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) hay preocupación por la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Estas fueron incluidas en el Proyecto de Ley de Extinción de Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas.

Las autoridades de ambos centros advierten que las reformas “ponen en peligro su sobrevivencia al afectar severamente las fuentes de financiamiento con las que cuentan”. También porque “perjudican su carácter internacional con nuevos lineamientos para regular su funcionamiento”.

En la normativa, aprobada por el Legislativo el martes 13, se plantean algunas reglas para que las universidades que operan bajo convenios internacionales sigan recibiendo recursos del Estado.

Se establece que las sedes en Ecuador no podrán mantener activos en el exterior, de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas ni participar en la constitución de negocios fiduciarios.

Además, que deben someterse al control administrativo de la Contraloría en relación al uso de recursos públicos. Estos temas se analizaron ayer en una asamblea de alumnos, autoridades y personal administrativo de la UASB. Su rector, Jaime Breilh, afirmó que en la norma se introducen elementos que los perjudican.

En el debate, el presidente de la Mesa de Educación, el oficialista Raúl Abad, descartó que la ley apunte a perjudicar a estos centros. Contestó a Luis Fernando Torres, del PSC-Cambio, quien dijo que las universidades privadas que reciben ayuda estatal, como la Católica, no podrán regularse libremente. Y que se opone a que la Flacso y la Andina deban repatriar sus recursos.

“Tienen que hacer pagos para el funcionamiento de intercambios de fondos bibliográficos, por ejemplo”, dijo Torres. Y Abad le preguntó por qué desde Ecuador no se pueden hacer esos mismos pagos.

Álvaro Mejía, procurador jurídico de la Andina, cuestionó que se busque utilizar informes de la Contraloría para un control administrativo. Recordó que la UASB no ha tenido inconvenientes para someterse a los exámenes.

Tampoco acepta que tengan que empezar a utilizar el Sistema de Administración Financiera del Sector Público, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

En su intervención lo escuchaba Andrea Mosquera, representante de los estudiantes, quien dijo que estarán atentos a lo que ocurra. No descarta la opción de organizar marchas.
En la Flacso también hay expectativa. Su rector, Juan Ponce, informó que la semana pasada dialogaron sobre las reformas a la LOES. En esa universidad se encuentran actualmente de vacaciones y regresarán al trabajo el 9 de enero. Luego se anunciarán medidas.

“Nuestra esperanza es que, en el veto presidencial, se corrija este grave error que afectaría no solo a centros de posgrado sino a toda la sociedad y al sistema universitario”.  Hasta el 12 de enero se debería conocer la posición del Ejecutivo. En redes sociales también se activaron las alertas. En la cuenta de la Flacso se pidió el veto presidencial.

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