Un nuevo modelo escolar repercute en las bibliotecas del país

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Diego Ortiz. Redactor

Pocas personas hay que, como Mariana Roldós, puedan decir que el libro es la mejor arma. Ella los ha cargado por más de 30 años de su vida como profesora y bibliotecaria. Ha entrado a cárceles y caminado por los barrios más temidos de Guayaquil, apenas protegida por textos escolares y colecciones de literatura universal.

Fue su devoción por el libro la que la llevó, allá a mediados de la década de 1980, a bosquejar lo que ahora se conoce como Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinab), que en sus primeros años buscaba satisfacer las necesidades lectoras de personas con difícil acceso al libro.

Sin embargo, al revisar la historia del Sinab, parece no haberse cumplido a cabalidad sus objetivos iniciales. La escasa inversión en este sistema (frente a sus grandes necesidades: infraestructura y compra de textos) y su inestabilidad en materia de procesos gubernamentales (antes del 2007 pertenecía al Ministerio de Educación y Cultura, luego pasó a formar parte de la Cartera ministerial educativa) crearon un terreno inestable para la unidad encargada de los servicios bibliotecarios del país.

A esto se sumó el veto, en 2007, a la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación. Según un artículo publicado en junio del 2007 en este Diario, el proyecto de Ley "buscaba, en principio, sistematizar los acervos bibliográficos del país con un Consejo Consultivo (...) La producción de un índice bibliográfico y la estandarización informática eran otros objetivos".

En las últimas semanas, la funcionalidad del Sinab vuelve a ser discutida en los círculos académicos, debido a recientes declaraciones del ministro de Educación, Augusto Espinosa. Él quiere reducir la oferta educativa de 18 000 a 5 500 establecimientos, aproximadamente. En estos espacios funcionarían nuevas (o remodeladas) bibliotecas de acceso público. En la primera etapa de este proyecto se crearán 1 117 bibliotecas, una por cada circuito educativo.

Esto es lo que preocupa a bibliotecarios como Alfredo Cevallos. Como miembro de un colegio particular, conoce bien que no todos los libros son útiles en los centros educativos. Teme que en la reestructuración de las bibliotecas se repita nuevamente un proceso como el que sucedió en el siglo XVIII con los jesuitas en la Colonia: a su salida del territorio español, sus grandes archivos fueron desmembrados y llevados a lugares donde los libros se encontraban desprotegidos. "Ahora no sabemos dónde reposan las grandes joyas que ellos guardaban", dice con cierto lamento.

Hasta el 2012, Roldós fue parte del Sinab. Y mientras trabajaba ahí, ella asegura que se realizaron estudios de campo para conocer las verdaderas necesidades lectoras de las comunidades. "La cuestión no es llevar un libro porque sí a una biblioteca, sino dotar a estos espacios con textos que verdaderamente sirvan a quienes viven ahí".

Andrea Burbano, docente de bibliotecología, afirma que una de las grandes fallas del Sinab es su poca apertura a las nuevas tecnologías. Es imposible encontrar una página web oficial del sistema. Las únicas que funcionan son blogs, cuya información no resulta una fuente oficial del todo confiable.

Esto contrasta con lo que existe en países como Colombia, por ejemplo, cuya Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene un buscador en línea para rastrear la ubicación de textos específicos, o bien revisar documentos digitalizados.

Fuera de las puertas del Ministerio de Educación, pocos saben a ciencia cierta lo que sucederá en los próximos meses con el Sinab. En un rastreo por universidades quiteñas, los estudiantes no sabían cuál era el verdadero fin de este sistema. Y el debate se amplía cuando son precisamente los alumnos de escuelas y colegios quienes prefieren realizar consultas virtuales, dejando de lado la funcionalidad del libro.

En contexto. El nuevo modelo del Sistema Nacional de Bibliotecas pretende una descentralización del mismo, trasladando sus colecciones a establecimientos educativos del país. En la actualidad existen 604 bibliotecas; 349 de estas mantienen convenios con otras instituciones.

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