31 de December de 2010 00:00

La contratación enfrenta tres obstáculo

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Redacción Sociedad

Las empresas del país se afanan por enrolar en sus nóminas a las personas con discapacidad. Sin embargo, existen escollos.Un estudio de la firma Deloitte del Ecuador, realizado a 330 grandes compañías de Quito y Guayaquil, señala un alto grado de dificultad para cumplir con la ley. Además, aceptan no haber podido cubrir la cuota del 4%.

La reforma del Código del Trabajo, del 2005 obliga a las empresas públicas y privadas, con un mínimo de 25 trabajadores, a incluir a personas con discapacidad en su nómina.

La Misión Manuela Espejo reporta que 41 351 son aptas para trabajar, pero apenas 10 134 tienen vínculos laborales. Es decir, apenas un 24,50%.

Pese a esto, los empresarios aseguran que hay escasa oferta en el mercado. ¿A qué se debe?

Francisco Cepeda, gerente general del Hospital de los Valles, dice que esa última cifra no significa que todos estén capacitados.

En su caso, el hospital requiere de personal especializado, por lo que la colocación se vuelve compleja. La mayoría de postulantes apenas alcanza la instrucción secundaria. Por ello, para emplear a las 16 personas que le obliga la ley, debió “bajar el perfil”.

Ahora pueden ingresar quienes hayan terminado la primaria. Sus trabajadores se desempeñan en la parte administrativa y de servicios.

Un estudio de la Vicepresidencia precisa que el 64% de personas con discapacidad contratadas se desempeña en el área de servicios, 25% en el procesamiento de materias primas para la producción y 10% en el sector primario. Antonio Salvador, gerente regional de Ventas de la aerolínea TACA, lo corrobora.

Las cuatro personas de la nómina laboran en el área administrativa, puesto que “hay zonas de seguridad máxima, donde las personas no podrían desempeñarse por sus limitaciones”.

Además, existe otro inconveniente: la alta rotación de personal. Las empresas, en su afán de cumplir la ley y no ser multadas por el Ministerio (10 remuneraciones básicas unificadas por mes), ofrecen salarios superiores y así se disputan los empleados.

Abelardo Villegas, director de Recursos Humanos de Flower Village, cuenta que dos de sus ocho empleados son nuevos. Uno de sus ex trabajadores, a quien pagaba USD 300, renunció tras ocho meses, ya que fue contratado por USD 600 por una empresa de telefonía .

Luis Jácome, quien trabaja en el Centro de Atención al Cliente de Seguros Equinoccial, cuenta que en el último año ha tenido cuatro propuestas con un sueldo mayor al que percibe.

Su compañero, Wladimir Martínez, recibió tres. Ambos tienen discapacidad física y las han rechazado por el buen clima laboral que ofrece la empresa.

La movilización también es otra traba. Luis Villagrán, gerente general de Produtexti, que funciona en Ambato, no pudo contratar a varias personas con discapacidad, pues la mayoría vivía fuera de esa ciudad y no podían movilizarse por sus medios. Lo mismo pasó en Flower Village, ubicada en Pifo, oriente de Quito. “La empresa dispone de una furgoneta para transportar a sus empleados, por lo que movilizar a una persona con sillas de ruedas, por ejemplo, sería complicado”, dice Villegas.

Ante estas circunstancias, Diego Fernández Salvador, gerente general de Edesa, al igual que Cepeda, sugiere una ampliación a la ley para que los dependientes, cónyuge o los hijos de la persona con discapacidad, puedan trabajar en nombre de la persona afectada. “Así se ayudaría a la familia y se lograría una flexibilidad para las compañías”, concluye Fernández Salvador.

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