1 de noviembre de 2014 21:43

La Contraloría, en medio del debate político por la enmienda

En abril, el contralor Carlos Pólit (centro) fue llamado a la Comisión de Fiscalización, presidida por Gabriel Rivera. Foto: Archivo / Asamblea Nacional

En abril, el contralor Carlos Pólit (centro) fue llamado a la Comisión de Fiscalización, presidida por Gabriel Rivera. Foto: Archivo / Asamblea Nacional

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Estefanía Celi R. Redactora (I)
eceli@elcomercio.com

Las reacciones desde el oficialismo fueron inmediatas. El día siguiente al que se hizo pública una carta del contralor Carlos Pólit en la cual rechaza una de las enmiendas que impulsa Alianza País, los legisladores de esa bancada comenzaron las críticas.

El viernes, la Corte Constitucional resolvió que 16 de las 17 propuestas sean tramitadas como enmiendas, es decir en dos debates en la Asamblea. Entre estos planteamientos, está uno que pretendería restarle competencias a la Contraloría, entidad encargada de las auditorías a las instituciones del Estado.

La enmienda pretende suprimir de la Constitución la frase que señala que la Contraloría puede realizar el control de “la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado”. Con esto, se evitaría “duplicar esfuerzos con otros organismos”, según el texto enviado a la CC por Alianza País.

Esta enmienda se propone en un momento político complejo, en el que tras siete años de un mismo Gobierno, las auditorías se enfocan en la gestión de este Régimen y no en la de anteriores administraciones.

El control de los objetivos lo realiza la Contraloría a través de las auditorías de gestión, pero también se hace dentro de los exámenes especiales y otras auditorías que elabora.

Según los datos del organismo de control, desde el 2007 se han entregado 433 informes de gestión en 28 sectores, mientras que 14 están en ejecución. Estos documentos han revelado, por ejemplo, aumento de costos por mala gestión de ministerios o mala gestión en hospitales en la asignación de turnos.

En total, la Contraloría ha emitido en estos siete años
14 964 informes, que han generado 1 396 informes de responsabilidad penal y glosas por un valor de USD 358 millones.

En este contexto, Pólit advirtió sobre la enmienda, por lo que envió una carta a la Corte para expresar su rechazo.

La misiva, de nueve páginas y fechada 5 de septiembre, señala que la propuesta “debilita un control moderno y eficaz de los recursos públicos, el cual no se limita solamente a determinar cuánto se gastó (...), sino que se complementa examinando si las obras o servicios están prestando los beneficios esperados establecidos”.

Esta reacción del Contralor despertó las críticas en Alianza País. La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, dijo que se ha creado una alarma innecesaria alrededor de la enmienda a la Contraloría. “No tiene ningún sentido que la Contraloría verifique el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, que es el eje de la política pública del Gobierno Nacional”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gabriel Rivera, va más allá. El lunes, solicitó a Pólit que especifique los informes de auditoría de gestión que ha realizado la Contraloría desde el 2007. “Si el Contralor dice que le estamos cortando las alas a la Contraloría, bueno, entonces que informe si ha hecho auditorías de gestión o no y cuántas ha hecho”, asegura.

Este tipo de discusiones que se tornan políticas son inconvenientes a criterio del excontralor Alfredo Corral Borrero. “Una autoridad como el Contralor tiene pleno derecho, autonomía e independencia para emitir sus criterios”, dice.

Corral señala que la enmienda es un claro “retroceso” al sistema de control, porque lo que trata de imponer el oficialismo “le priva a la Contraloría de un instrumento eficaz para que pueda controlar el uso de los recursos para saber si estos se han utilizado debidamente o no en los propósitos que tiene una entidad pública”.

No obstante, con la enmienda queda la duda de qué entidad debe ser la que realice el control y seguimiento de los objetivos del Estado. Según Aguiñaga, el rol lo tiene la Secretaría de Planificación (Senplades), que es la que se encarga de la verificación del Plan Nacional del Buen Vivir.

Los argumentos utilizados en la sentencia de la Corte del viernes aún no se dan a conocer, sin embargo un documento da la pauta que la Senplades es el camino determinado para el control de la gestión.

El 21 de octubre, la jueza de la causa, Wendy Molina, solicitó a la Senplades que informe de qué manera se monitorea y evalúa la gestión para controlar el cumplimiento de los objetivos de las entidades del sector público dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Este informe tampoco se ha dado a conocer públicamente.

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