12 de diciembre de 2014 17:09

A pedido de Lorena Tapia, ministra del Ambiente

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En referencia a la nota periodística publicada en su medio de comunicación el pasado 9 de diciembre, titulada “Ecuador, entre los ocho países más responsables por daño del plantea”, me permito realizar las siguientes aclaraciones.

La noticia difundida a través de Diario El Comercio no refleja los alcances y límites del informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se refiere específicamente sobre el tema de biodiversidad. Por consiguiente, es inexacto y malintencionado manifestar que Ecuador se halle entre los ochos países responsables del teléfono del planeta. Esto es absolutamente falso.

De hecho, la UICN, mediante un comunicado publicado en su página web, el pasado 10 de diciembre, hace un llamado a los medios de comunicación de América del Sur que han tomado la información generada en el reporte Spatially Explicit Trends in the Global Conservation Status of Vertebrates (de autoría de Ana S. L. Rodrigues, Thomas M. Brooks, Sstuart H. M. Butchart, Janice Chanson, Neil Cox, Michael Hoffmann, Simon N. Stuart) para que se contacten con los autores del estudio y puedan aclarar los supuestos en los que se basa el reporte, los parámetros de las mediciones y sus límites.

Según expresa el comunicado, el Presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la (UICN), Simon Stuart, ha manifestado que: “la razón por la cual algunos países como Colombia y Ecuador aparecen con valores negativos en el Índice de la Lista Roja (RLI) es, en parte, porque se trata de países megadiversos con un alto número de especies y que inevitablemente tienen más especies amenazadas, frente a muchos otros”.

En el caso del Ecuador, se debe considerar que la superficie es pequeña y la riqueza de especies es muy alta. Asímismo, el estudio contempla variables difíciles de controlar y que influyen en el resultado. Sobre esto no hay nada que los países puedan hacer de manera directa, pues se trata de un efecto del cambio climático.

Cabe aclarar que los datos usados por el estudio para referirse a aves son de los años 1988 y 2008, para mamíferos de 1996 y 2008, y para anfibios de 1980 y 2004. Es decir, la información no es reciente, por lo que no describe el escenario actual, sino que retrata las tendencias en las últimas décadas. Además, el artículo se basa en un modelo experimental donde se explican los parámetros de las mediciones, y también se exponen las limitaciones de esta metodología, que no es sino una herramienta para toma de decisiones a nivel general, en materia de especies en peligro.

Ante estas circunstancias, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, ha llevado a cabo políticas y estrategias para combatir los factores principales que provocan la extinción de especiales de forma prioritaria. A más de fortalecer la principal estrategia de conservación que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (que actualmente cubre el 20% de la superficie del territorio nacional), se ha fortalecido el Programa Socio Bosque (para proteger bosques nativos de tenencia privada), y está en marcha el Programa de Restauración Forestal para recuperar los ecosistemas más frágiles, y anular la tasa de deforestación estimada hasta el 2017.

Incluso, recientemente se hizo público el reconocimiento que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente al trabajo realizado por el Ministerio del Ambiente enfocado en contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, asociadas a la deforestación y degradación de los bosques. Los avances reportados a través de este programa han servido como motivación para los países de la región, que han seguido con atención el proceso ecuatoriano.

Es lamentable que su medio de comunicación no realice una investigación adecuada ni tampoco la debida contrastación de fuentes con datos oficiales que permitan contextualizar este tipo de estudios y evidenciar sus verdaderos resultados. Por el contrario, se limitan a interpretar la información a su libre criterio denotando la intención de generar suspicacias en la ciudadanía sobre el trabajo del Gobierno Nacional en materia ambiental y cuidado de las especies.

Por las consideraciones expuestas, en virtud del Derecho a la Réplica, contemplado en el Artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, solicito la publicación de esta carta en su medio de comunicación.

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