3 de enero de 2018 00:00

Carlos Muñoz: ‘Este Consejo no reemplaza al de la Niñez, es diferente’

ue Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, del 2013 al 2015. Desde marzo del 2016, vía decreto, Rafael Correa lo ubicó como titular del Consejo de Igualdad Intergeneracional.

Carlos Muñoz fue Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, del 2013 al 2015. Desde marzo del 2016, vía decreto, Rafael Correa lo ubicó como titular del Consejo de Igualdad Intergeneracional. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Mariela Rosero
Coordinadora (I)

El Consejo de Igualdad Intergeneracional está a cargo de las políticas para niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Es decir, de la población, a lo largo del ciclo de la vida. El organismo es nuevo, fue creado a través de la ley aprobada en el 2014.

Carlos Muñoz lleva nueve meses en el cargo. Responde a las críticas de ONG locales y también a las alertas del Comité de los Derechos de los Niños, de la ONU.

¿Por qué tanto silencio frente a los casos de abuso sexual contra niños y adolescentes en planteles, ocurridos en el 2017?

Hay que tomar en cuenta que los consejos de igualdad son organismos técnicos de asesoramiento, formulación de la política pública y observancia. No somos un ente rector de la niñez, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), por ejemplo.

Entonces, ¿cuál ha sido su función en ese tema?

Asesoramos y articulamos con el Ministerio de Educación, para determinar estrategias que eviten esa vulneración de derechos. Formamos parte de la Mesa Interinstitucional para la erradicación de la violencia sexual, que constituyó el presidente Lenín Moreno y que encabeza esa Cartera. Somos parte de las mesas de prevención y restitución de derechos.

Y en cuanto a políticas, ¿cuál ha sido su aporte?

Con la Comisión Aampetra, que investiga abusos sexuales a niños y adolescentes, levantamos una propuesta para el fortalecimiento y aprobación de la Ley del Sistema de protección y promoción de derechos, normativa importante, que permitirá articulaciones. En el 2015, la Asamblea Nacional calificó un proyecto de la Defensoría del Pueblo.

Con esa normativa, ¿qué se puede conseguir en materia de protección de derechos de los niños?

Articular el sistema desconcentrado de protección integral de niñez y adolescencia. Básicamente, se busca regular y normar el trabajo de todos los sistemas de protección, para que haya una estructura general que permita a los afectados contar con una ruta adecuada y que no sean revictimizadas. En enero del 2017, un proyecto de la exasambleísta Marisol Peñafiel, de Alianza País, fue calificado también por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Si eso ocurrió hace un año, ¿cómo harán para que ese proyecto sea ubicado en la agenda legislativa?

Con la Comisión Aampetra haremos una propuesta para promover la discusión de este proyecto. Creemos que irá a la mesa de Justicia.

Al no tener la fuerza de un ministerio, ¿les falta peso político para que sus recomendaciones y proyectos tengan eco?

Nuestro rol es de formulación y cumplimiento de la política pública. En el país hay cinco consejos de igualdad, son instituciones jóvenes que aparecen en el 2008 con la Constitución de Montecristi.

Pero en el 2014 se aprobó la ley, que establece cuáles son los parámetros y atribuciones. Y, recientemente, estamos culminando la transición de lo que fue el Consejo de la Niñez y Adolescencia a Consejo de Igualdad Intergeneracional.

¿Ya se conformó?

Ya se incorporaron los cinco miembros de la sociedad ­civil, falta uno de Participación Ciudadana para completar los delegados de las funciones del Estado.

Organizaciones como Pacto por la Niñez critican su gestión. Les parece que todavía se siente el vacío del Consejo de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo responde a eso?

Hay que revisar las competencias del Consejo de la Niñez, que era rector de la política pública de niñez y adolescencia, que determinaba adopciones y establecía pensiones de alimentos. No reemplazamos a esa institución, son atribuciones diferentes. Debemos formular política pública y vigilar que se cumpla, para que se hagan efectivos los derechos.

¿Cómo responder a la preocupación del Comité de la ONU, por los Derechos de los Niños? Opinan que no hay un sistema de protección de derechos articulado.

La preocupación de algunos actores con el tema de niñez es la especificidad sobre esos derechos. Es importante determinar que la Constitución trae una nueva visión sobre grupos de atención prioritaria, habla de integralidad (intergeneracional) y eso no repercute en la especificidad.

¿Cómo entender esa nueva visión, que incluye un ciclo de la vida completo y no particularizado?

Que haya un Consejo Intergeneracional no quiere decir que se descuiden los derechos de la niñez. Es al revés, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, en donde el niño se relaciona con su hermano adolescente, sus padres, sus abuelos. Así funciona.

También se critica que no se han fortalecido los consejos cantonales y las juntas de protección de derechos en este período.

Básicamente, no son nuestra responsabilidad. Los consejos cantonales son organismos de los gobiernos autónomos descentralizados. Los presiden los alcaldes.

¿Por qué no proponen un mecanismo para articular a los consejos cantonales, como Compina, en Quito, y juntas distritales del Ministerio de Educación?

Eso es lo que plantea la Ley del Sistema de Protección de Derechos, que se establezcan estos mecanismos a nivel nacional como en territorio. Que no existan diferentes caminos y que la ruta sea eficaz.

La discusión de la reforma al Código de la Niñez no llega ni al primer debate. ¿Les preocupa?

Hemos insistido para que se trate la reforma integral, los tiempos políticos influyen.

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