8 de marzo de 2016 17:02

Asesinato en Honduras expone riesgo de defender el ambiente en Centroamérica

El asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres desató una ola de protestas. Foto: AFP.

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Agencia AFP

El asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres, una luchadora por el medio ambiente, puso en evidencia los riesgos que enfrentan los defensores de la naturaleza en Centroamérica.

Quienes han consagrado su vida a proteger los recursos naturales, enfrentan intimidaciones, amenazas, agresiones y asesinatos en prácticamente todos los países centroamericanos.

Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a tiros el pasado 3 de marzo de 2016 por desconocidos en su localidad de La Esperanza, en momentos que libraba una batalla contra un proyecto hidroeléctrico en un río que abastece de agua a los indígenas lenca.

Su muerte desató indignación unánime, pero también otros ambientalistas centroamericanos son víctimas de la violencia sin que el mundo se entere.

Solo en Honduras, “en estos últimos diez años han sido asesinados 118 ambientalistas” , dijo a la AFP Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Adicionalmente, dijo, en el nororiental Valle del Aguán han muerto 80 campesinos involucrados en la defensa del ambiente en una zona donde el cultivo de palma africana es una fuente de enfrentamientos de grandes terratenientes y pequeños productores.

“La lucha por la defensa de nuestros recursos se ha vuelto más peligrosa en los últimos tiempos, como lo demuestra el asesinato de Berta. Esa peligrosidad no solo es en Honduras, se da en todo Centroamérica. Hay muchos casos de violencia en contra de personas u organismos por su labor de defensa medioambiental y en algunos casos se sospecha que grandes transnacionales podrían estar involucradas ” , dijo a la AFP el salvadoreño Edgardo Mira, de la Mesa Nacional contra la Minería.

En Costa Rica, que no suele destacar en las estadísticas de homicidios, la justicia ventila la muerte de Jairo Mora, un joven de 26 años asesinado brutalmente en 2013 cuando protegía a las tortugas marinas en una playa del Caribe.

Según las investigaciones policiales, Mora fue golpeado en la cabeza hasta quedar inconsciente y luego amarrado a una camioneta y arrastrado por la playa hasta morir asfixiado por la arena. Los siete detenidos por el caso también enfrentan cargos por la violación de cuatro mujeres extranjeras que ayudaban a Mora en la defensa de las tortugas.

En El Salvador los casos más relevantes de asesinatos de ambientalistas de los últimos años se remontan a 2008 y 2009 cuando fueron asesinados tres activistas contra la minería en el departamento de Cabañas (noreste) .

Las víctimas fueron Gustavo Marcelo Rivera, asesinado en junio de 2008, y Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, muertos en diciembre de 2009. Los tres eran férreos opositores a la explotación minera en la zona de Cabañas.

Familiares y organizaciones ambientalistas afirmaron en su momento que los crímenes estaban relacionados a su labor de oposición contra la minería, aunque las autoridades lo atribuyeron a la delincuencia común.

En Guatemala, el ambientalista Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) destacó que los gobiernos han recurrido a criminalizar a quienes se oponen a los grandes proyectos de explotación de los recursos naturales.

“ En Guatemala hay una agenda de criminalización de la defensa del ambiente que podría fácilmente decantar en acciones de eliminación de líderes comunitarios u organizaciones en aras de garantizar la imposición de los proyectos ” , dijo Maldonado a la AFP , al recordar que el movimiento ecologista ha logrado frenar cuatro proyectos mineros en los últimos seis meses, con un valor combinado de USD 2 000 millones.

Un fenómeno similar ha vivido Nicaragua, donde quienes protestan contra la minería y se manifiestan contra el proyecto de canal interoceánico en el país son acusados de crimen organizado, dijo a la AFP Víctor Campos, director del Centro Humboldt.

“La criminalización de la protesta que se ha comenzado a aplicar en el país” , dijo Campos, quien acusó “un uso excesivo de la fuerza (por parte de la policía) en las protestas y detenciones ilegales” .

Recordó que en diciembre de 2014, la policía arrestó durante varios días a 34 campesinos que manifestaban contra la construcción del canal, y tras ser liberados denunciaron que les metieron a la fuerza comida descompuesta en la boca, los golpearon y los desnudaron para registrarlos.

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