6 de noviembre de 2017 18:59

Informe para primer debate de proyecto de Ley para prevenir y erradicar  Violencia contra mujeres fue aprobado

La comisión especializada aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Foto: Asamblea Nacional.

La comisión especializada aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Foto: Asamblea Nacional.

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Diego Bravo

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En la Asamblea Nacional se aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ocurrió hoy, 6 de noviembre del 2017, en la comisión especializada que trató esa norma.

Según el portal web de la Legislatura, con esta se crea un sistema que armonizará instituciones, normas, protocolos, procedimientos y mecanismos que permitirán planificar, ejecutar y evaluar acciones integrales de ante casos de agresiones a mujeres.

Catorce instituciones integran el sistema. Su obligación es articular acciones bajo cuatro ejes: prevención, atención, protección y reparación integral. “En toda actividad observarán el principio de descentralización y desconcentración en la provisión de servicios y en la ejecución de medidas”.

Los ministerios de Justicia, Educación, Salud, Seguridad, Trabajo, Inclusión Económica y Social tendrán esas facultades, así como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, las defensorías Pública y del Pueblo, entre otras entidades.

En la comisión se resaltó que con el proyecto se busca implementar mecanismos de sensibilización y concienciación para la prevención. El fin es eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos que se justifican o naturalizan la violencia.

Incluso fija obligaciones para los medios de comunicación. La difusión de información relacionada con la violencia a las mujeres “sea tratada con objetividad informativa en pro de la defensa de los derechos humanos”.

En lo que respecta a la atención a las víctimas, los entes encargados deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica. Lo harán de forma especializada y gratuita.

Asimismo es prioridad garantizar la integridad y seguridad de las víctimas como eje de protección. Con medidas administrativas, estas tienen derecho a protección por el tiempo que sea necesario para el restablecimiento de su situación.

En ese sentido se dispondrá la instalación de dispositivos de alerta o riesgo, patrullaje y vigilancia policial, casas de acogida y centros de atención. Además de programas de inclusión social y económica, salud, educación, laboral, entre otros.

Los tenientes políticos, jefes o jefas políticos y las juntas cantonales de protección de derechos serán las entidades competentes para otorgar las medidas administrativas de protección.

Si alguien conoce de hechos violentos podrá solicitar medidas a favor de la víctima. Luego, las autoridades verificarán si se ha producido la agresión y otorgará medidas de ayuda.

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