Para el Presidente de la República, la utilidad razonable para un empleado de la telefonía móvil oscila entre USD 6 000 y 7 000. Si recibe más, la diferencia debe ir al Fisco. De ahí que defiende el proyecto enviado a la Asamblea, que plantea bajar las utilidades a estos trabajadores, del 15 al 3%, dejando el saldo para el Estado.
Hay varias dudas sobre este planteamiento oficial. ¿Cómo se calcula la utilidad razonable para el empleado? ¿Lo razonable no era el 15% de la utilidad anual de la empresa? ¿Hay algún estudio que sustente, económica y legalmente, lo que el Presidente considera hoy razonable?
Seguramente esos estudios se presentarán durante el debate en la Asamblea Nacional, donde también se aclararán otros argumentos para que el Fisco se quede con unos USD 100 millones de 4 500 trabajadores de Claro y Movistar.
El Presidente cree que ellos no tienen derecho a recibir tantas utilidades con base en el espectro radioeléctrico, un recurso de todos los ecuatorianos, similar al petróleo o la minería. Y en estos sectores ya solo se reparte el 3% de utilidades a trabajadores, pues trabajan con recursos no renovables. Sin embargo, la Corte Constitucional diferenció en el 2009 el espectro radioeléctrico del petróleo y la minería, al señalar que no se trata de un recurso no renovable. Ahí hay otro tema de debate para la Asamblea.
Otra argumentación es que las dos telefónicas pagan sueldos básicos, pese a ser muy rentables, por lo que llamó a los trabajadores a reclamar mejores salarios. Esto contradice el primer argumento, que decía que los 4 500 trabajadores ganaban mucho y que por eso les reduce parte de sus ingresos, que son las utilidades. Con el proyecto del Presidente, estos trabajadores empezarían a pagar un impuesto a las utilidades.
Después de ellos pueden seguir los empleados de empresas atuneras, cementeras, de supermercados, etc., ya que las utilidades en estos sectores son iguales o mayores a una de las telefónicas.