Las demandas sociales se desbordaron :: EL COMERCIO

sociedad Especial 1 de Enero

Las demandas sociales se desbordaron

El 25 de noviembre hubo una marcha por la No Violencia contra la Mujer. FOTO: Diego Pallero / EL COMERCIO

Como un ‘hijo mimado’, pero sin autonomía, fue tratado el sector social por más de una década. Y en estos siete meses del nuevo gobierno, el pequeño rompió el silencio. Ha gritado en contra de todos, incluso acusa a quienes lo sobreprotegieron todo ese tiempo.
Mujeres, grupos religiosos y conservadores, organizaciones que perdieron su vida jurídica, padres silenciados por autoridades educativas, minorías de la diversidad sexual y bachilleres sin cupo en universidades. Todos se levantaron y sus voces rompen ese dique, que los contuvo y los calló.
“¡Vivas nos queremos y no más femicidios!”, han exclamado organizaciones de mujeres. Le toman la palabra al presidente Lenín Moreno, quien en su discurso de posesión dijo que el mundo tiene una deuda con ellas, que son la mitad de la humanidad y al mismo tiempo son las madres de la otra mitad.

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añoslleva la Coalición de Mujeres empujando la aprobación de la Ley antiviolencia.

Tras una década de silencio, grupos organizados se han manifestado para reclamar sus derechos. Buscan nueva legislación.

Pero le salió un frente opositor, que en el período anterior se mantuvo callado. Cómodo -dicen ellas- con el Plan Familia, que Moreno eliminó en su primer día en funciones. Los resultados de esas políticas son sintomáticos : en el 2016, por ejemplo, tres de cada 1 000 nacidos vivos fueron dados a luz por menores de 14 años. Y 80 de cada 1 000 bebés, por madres de 15 a 17 años, según el Ministerio de Salud.
Los grupos conservadores detrás de la campaña #ConMisHijosNoTeMetas tienen su propia lectura. Vieron en la ley contra la violencia a la mujer a sus peores fantasmas: derechos para Lgbti, apoyo a la educación y salud sexual y reproductiva de adolescentes. Y hablan de vía libre al aborto, un punto que no puede tratarse fuera del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En octubre se realizaron manifestaciones en varias ciudades del Ecuador organizada por colectivos en pro de la defensa de la familia tradicional. FOTO: Joffre Flores / EL COMERCIO

Esta posición podría hacer que Moreno piense mucho antes de decidir en esta ley y en otras. En juego está la consulta popular del 4 de febrero, dicen en ‘off’ sus cercanos. Por eso apostaron por la no prescripción de delitos sexuales contra niños, en sintonía con el rechazo que generó el abuso sexual sufrido por estudiantes.
Pero para el 2018, el Gobierno tiene otras demandas sociales pendientes: los derechos de los Lgbti, con cuyos delegados, las autoridades ya han mantenido reuniones. Y a quienes la Constitución hizo soñar con que se respetaría a las familias diversas, que nadie sería discriminado por sexo, identidad de género y orientación sexual. Pero ni en la cédula han sido respetados los trans.
Moreno también debe estudiar a futuro la posibilidad de revisar la figura del aborto en caso de violación, como sugieren organismos internacionales. Este 2018 se deberá aprobar el Código de la Salud, en el que la maternidad subrogada y el acceso a la salud sexual están en la mira. Y el Código de la Niñez, que tiene que ver con la pensión alimenticia, y enfrenta a padres y madres.

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de cada 4 000niños nacidos vivos fueron dados a luz por menores de 14 años.

En el sector educativo, todo parece indicar que habrá más polarización en el gremio de los docentes. La Red de Maestros se dividió y uno de sus exmiembros anunció la conformación de una federación.
A esto se suma la pelea que seguirá dando la dirigencia de lo que fue la Unión Nacional de Educadores (UNE), disuelta en agosto del 2016. Su anhelo de recuperar la personería jurídica recibió oxígeno con el Decreto Ejecutivo 193, de octubre. Este eliminó los decretos 16 y 739, que regulaban la conformación y actividades de las organizaciones sociales.
Aunque se mantienen las causales de disolución, lo ocurrido con Pachamama brinda esperanzas a las principales cabezas de lo que fue la UNE.
El 17 de noviembre, Pachamama recuperó su personería jurídica, retirada en diciembre del 2013. El Ministerio de Ambiente la disolvió por un informe de la Cartera de Interior, que indicaba que la ONG desarrolló actividades que no constaban en sus estatutos.
Así, en resumen, se podría decir que este régimen ha ubicado a lo social en otro nivel, separado de la obra física. Pero no se puede negar la inversión del pasado. “Diez años de educación y salud, 10 años de entregar una nueva institución educativa cada 12 días y una infraestructura médica cada 10”, dijo Moreno en su posesión.
Pero eso se lee como una inversión física (unidades educativas del milenio y hospitales), en vez de fortalecer escuelas pequeñas y centros de salud. Eso ha ayudado a ‘romper el dique’ y a que al régimen lo inunden demandas sociales.


El próximo año será de disputas y de decisiones

Ana Cristina Vera Abogada y directora de Surkuna

El 2018 es un año complicado, en el que se deben tomar grandes decisiones en el área social. Las organizaciones tenemos que ser capaces de desarrollar acciones para que eso que resuelvan sea progresivo en materia de derechos

Ana Cristina Vera


EL HECHO

Emilia y más niños fueron violentados

Las denuncias de violaciones a niños y adolescentes en planteles destaparon una serie de irregularidades en el sistema educativo, el 2017. Negligencia, falta de prevención, atención y reparación a las víctimas fueron las inconsistencias reconocidas.
Y al cerrar el año, el país acompañó en el dolor a la familia de Emilia. Al salir de su escuela, rumbo a casa, la niña lojana fue interceptada por alguien que conocía su círculo. Y tras cuatro días fue hallada asesinada e incinerada.
Se investiga a los autores dentro de lo que podría ser una red de pornografía y trata de menores de edad. Los casos de agresiones a niños y adolescentes se multiplican. El sistema educativo mostró sus vulnerabilidades.

Padres de niños víctimas de violaciones hicieron plantones para pedir justicia en estos casos. FOTO: Mario Faustos / EL COMERCIO

De un total de 1 057 denuncias registradas en los últimos cinco años, el 41% (433) llegaron a indagación previa. El 27% (285) fueron archivadas. El resto está en etapa de preparación de juicio, apelación, nulidad y sentencia. Esto consta en el informe de la Comisión Ocasional Aampetra, formada por nueve asambleístas. Casos simbólicos como ‘Aampetra’, por las siglas de un colegio en el sur de Quito, y el del réplica de Guayaquil, sacaron a la luz historias sobrecogedoras. Y mostraron que el sistema les falló a los más débiles. Los padres descubrieron que el lugar en donde sus hijos debían estar seguros y protegidos fue un sitio de riesgo.

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expedientesentregó el Ministerio de Educación a la Fiscalía para su investigación.

“Por las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”, dice la placa que fue develada en el plantel. El profesor abusó de 41 chicos de entre 10 y 11 años, en el 2010. Y recién en el 2017 se trató de reparar de forma simbólica a las víctimas.
En Guayaquil, padres de familia permitieron que se conocieran casos que las autoridades mantuvieron escondidos. La Fiscalía investiga denuncias que se archivaron como otros procesos administrativos o se solventaron con el cambio de puesto de los docentes. El Ministerio de Educación optó por reabrir los sumarios archivados. A esta acción se suma la propuesta de Ley para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales contra niños. Fue una iniciativa del ministro de Educación, Fander Falconí. Y la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, en la que se plantea la prohibición de evitar que personas con antecedentes delictivos ingresen al sistema.

Profesores y allegados al círculo de estudiantes, involucrados en los casos de abuso.

Sobre el tema, el presidente Lenín Moreno incluyó una polémica pregunta en la consulta del 4 de febrero. “¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4?”
Mientras tanto, las familias de los afectados piden justicia. Organizaciones como Ecuador dice no más abuso sexual han presentado propuestas para acompañar a las víctimas con terapias. Y pide que se articulen acciones entre los ministerios de Educación y Salud; Policía y Función Judicial.