Julio Echeverría

El Yasuní a consulta

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29 de September de 2013 00:03

El movimiento nacional de defensa del Yasuní acaba de obtener una victoria: puede detener la actividad petrolera en el área protegida. La decisión de que la consulta es posible, decidida por la Corte Constitucional, detiene cualquier iniciativa inmediata de explotación, pues advierte que la recolección de firmas es requisito para analizar la constitucionalidad o no de la iniciativa.

La Constitución prevé que sea la Asamblea Nacional la que se pronuncie sobre la solicitud presidencial de declarar prioridad nacional, la explotación petrolera o minera en áreas protegidas como es el parque Yasuní. La Constitución de la República prevé la convocatoria a una consulta popular si se considera que la trascendencia del tema rebasa la capacidad deliberativa de la Asamblea Nacional.

Con su omisión, la Asamblea demuestra que no tiene la fuerza necesaria para revertir una política promovida desde el Poder Ejecutivo que se opone al espíritu de la Constitución y que no está a la altura del discurso participativo que evoca la Constitución.

La responsabilidad de la convocatoria a la consulta popular recae ahora en un movimiento ciudadano que debe ser plural y de dimensión nacional.

Los motivos para promover la consulta son diversos y fundamentales. No solamente tiene que ver con la responsabilidad de proteger el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario; el aislamiento de esos pueblos es la mejor señal de la necesidad de ubicar a la política en una dimensión más alta, que no sea el simple cálculo del monto de las rentas petroleras; hace relación a la necesidad de modificar un modelo civilizatorio que apunta al crecimiento de las economías, sin reparar en la sostenibilidad socioambiental como principio fundamental.

La justificación gubernamental que sustenta la propuesta de iniciar actividades extractivas revela una mezcla confusa de candidez, ingenuidad y cinismo. La decisión de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní porque los 'otros' países no quisieron comprometerse con la propuesta ecuatoriana, o de que es necesario el sacrificio ahora del 1/1 000 ( uno por mil) de pueblos y de ambiente, para con esos recursos 'reducir la pobreza' y entregar salud y educación a las mayorías, es la manifestación más burda de la existencia de una política de mirada corta, que no está dispuesta a construir las bases de un cambio radical de los contenidos de la política contemporánea.

A más de chocar contra su misma retórica soberanista (no lo hacemos porque los otros no lo quieren), revela miopía en el mismo cálculo económico. A l no advertir la riqueza en biodiversidad que se sacrificaría; seguramente una riqueza que no es aún contabilizable para la salud de las cuentas nacionales y que no es funcional a la lógica expansiva de gasto y de consumo, que caracteriza al modelo económico de la revolución ciudadana.