10 de April de 2014 00:04

Víctimas, tienen la palabra

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 No es exageración afirmar que uno de los desafíos más grandes que debe enfrentar el Estado colombiano en esta década es la reparación de las víctimas del conflicto armado. Hacerlo permitirá subsanar una deuda histórica pero sobre todo implica levantar un pilar fundamental de una paz estable y duradera.

El país viene de tiempos en los que cualquier esfuerzo por reconocerlas acarreaba el riesgo de terminar convertido en blanco de señalamientos movidos por infames prejuicios, cuando no de balas asesinas. Por eso, el solo hecho de que todos los 9 de abril estén dedicados a rendir homenaje a quienes pueden relatar en primera persona los horrores del conflicto hay que valorarlo.

Por supuesto, este gesto simbólico, aunque importante y poderoso, no es suficiente. El corte de cuentas que con motivo de esta fecha tiene lugar muestra avances importantes, pero deja claro que apenas son los pasos iniciales de un largo camino.

De ahí que la primera tarea haya sido levantar las bases de todo un andamiaje institucional para la reparación efectiva, prolongada y equitativa, sin lugar a abusos.

Ya se puede hablar de avances: la aprobación de la ley que le da herramientas a esta política se debe contar entre ellos, pero todavía falta para que la dinámica de la reparación alcance velocidad de crucero.

Para esto, es vital, como el Presidente lo señala, que exista tanta coordinación entre las instituciones involucradas como sincera voluntad de los funcionarios que tienen en sus manos tamaña responsabilidad.

En cualquier caso, los desajustes y los tropiezos, que no han faltado, no pueden opacar el que 353 174 colombianos que han vivido en carne propia los rigores del conflicto hayan sido reparados.

Ellos han recibido cerca de 2,2 billones de pesos. Son seis millones y, desde luego, falta mucho por hacer, pero lo importante es que ya se comenzó a aplicar una política que tiene la virtud de no limitarse a sanar, hasta donde sea posible, las heridas -sin pretender nunca borrar las cicatrices-, sino que, además, busca darles a los beneficiarios herramientas para que puedan dar un salto en su calidad de vida.

Pero el trecho ganado no está asegurado. Por eso debe hacerse un contundente llamado a que la reparación sea una política de Estado que no esté sometida a los vaivenes del juego político.

Es verdad, es audaz, pero justo a la vez, comenzar ya una tarea que suele estar reservada para el posconflicto. Es una manera de aclimatar la paz.

No será posible romper la espiral de violencia y venganza sin un consenso amplio y real sobre la necesidad de darles a las víctimas el lugar y el trato que se merecen. Este incluye recuperar la verdad histórica, promover sus derechos políticos y garantizar que nadie ajeno a ellas asuma su vocería.

De la forma como esta sociedad afronte dicho desafío depende el poder pasar definitivamente la página del conflicto.

El Estado tiene un reto enorme, pero, en últimas, la tarea es de todos.

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