Miguel Macías

¡Vergüenza!

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19 de May de 2011 00:04

La Constitución de la República establece que los jueces y funcionarios judiciales en general, tienen que ser elegidos conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnación y control social, pero según lo denunciado por la prensa, el actual Consejo de la Judicatura (CJ) ha designado a varios cientos de funcionarios judiciales a dedo. La excusa para ello, es que el Código Orgánico de la Función Judicial permite al Presidente del CJ nombrar y remover libremente a los servidores de la Función Judicial provisionales, sin concurso de oposición y méritos.

No sé si los jueces y funcionarios judiciales a quienes se cogió en delito flagrante (con las manos en la masa) la semana pasada en una cafetería de Quito negociando cargos en la Función Judicial, hayan sido o no designados a dedo, pero ello constituye una verdadera vergüenza nacional y demuestra el grado de corrupción que existe en el país y, concretamente, en la Función Judicial, por lo que se justifica su reestructuración total como lo ha anunciado el presidente Correa y lo exige la ciudadanía. Ello debe de hacerse respetando la independencia de esa importantísima Función del Estado y no por un Consejo de la Judicatura de Transición conformado por tres delegados elegidos a dedo.

Una verdadera reestructuración de la Función Judicial debe tener metas a corto, mediano y largo plazos. Se debe hacer énfasis en la carrera judicial; correcto ingreso a la Función Judicial, estabilidad, posibilidad de ascenso, remuneración equitativa, capacitación y jubilación.

Hay que fortalecer la escuela de la Función Judicial, la cual debe dedicarse a capacitar a los servidores de esa Función del Estado, en todas las materias del Derecho, otorgándole para ello los recursos y la independencia necesaria para cumplir con su objetivo.

Los funcionarios judiciales deben estar bien remunerados, de tal forma que cualquier estudiante de Derecho que se gradúe de la universidad, considere seriamente la posibilidad de ingresar a la Función Judicial y hacer carrera.

Una importante remuneración, no necesariamente nos asegura la honestidad del funcionario judicial, sin embargo, unida a la estabilidad y a la capacitación, incentivará el ingreso de profesionales probos a la Función Judicial.

Uno de los principales problemas que se encuentran en los procesos administrativos que se inician contra los funcionarios judiciales, es la falta de presentación de pruebas, lo que lleva a la impunidad, pero si se forman equipos constituidos por fiscales, policías judiciales y funcionarios del Consejo de la Judicatura, con la preparación y los equipos necesarios para grabarlos y filmarlos, como ocurrió la semana pasada en Quito, la corrupción judicial se reduciría drásticamente y no tendríamos tanto de qué avergonzarnos.