Fabián Corral

La seguridad jurídica

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17 de April de 2014 00:01

La seguridad jurídica se ha convertido en un lugar común. Lo enuncian los legisladores, los gobernantes, los abogados, los periodistas. Todos hablan de ella. Sin embargo, no hay comprensión cabal de la noción y tampoco existe efectiva seguridad jurídica, de modo que ella resulta la gran ausente cuya puerta tocan todos, con ninguna o con escasa respuesta. Así pues, ¿en qué consiste la seguridad jurídica tan reclamada e incomprendida? 1.- ¿Qué dice la Constitución?.-
La Constitución de 1998 incluyó a la seguridad jurídica entre "los derechos civiles" enunciados en el artículo 23, que contenía, en realidad, los derechos fundamentales de la persona. La Constitución de 2008 extrajo, extrañamente, el concepto del artículo correspondiente a los derechos y garantías (66), y lo colocó en un texto suelto en el art. 82, que dice: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes."
2.- La seguridad jurídica, tema de certeza frente al poder.-
Si bien el tema tiene vinculación con la legalidad (vigencia de la norma e irretroactividad de los tipos penales y de las sanciones), sin embargo, la seguridad jurídica, como valor social, y como elemento que caracteriza a la cultura jurídica, va más allá; implica el derecho humano, irrenunciable y de superior nivel, a contar con un sistema normativo, con una conducta judicial y con una práctica administrativa y del poder, que sean (i) estables, (ii) previsibles, (iii) motivados, (iv) claros y (v) eficaces.

La seguridad jurídica, que nace de la buena calidad del sistema legal, desde la perspectiva de la sociedad y de sus miembros, apunta a: 2.1.- La estabilidad legal y la rigurosa aplicación del principio de jerarquía normativa.

Estabilidad que: (i) Alude a la razonable vigencia de las normas en el tiempo, sin alteraciones súbitas y constantes, sin cambios bruscos de las "reglas del juego", que impidan que los sujetos de la obediencia planifiquen su vida, protejan su patrimonio, organicen con un horizonte razonable sus actividades y sepan con anticipación a qué atenerse en los diversos órdenes de la existencia, desde la educación de los hijos hasta el pago de impuestos, pasando por las garantías a la propiedad y la práctica de las profesiones. (ii) Alude también a que las garantías constitucionales y las normas legales no queden sujetas a la discrecionalidad de los reglamentos, de las resoluciones inferiores y de los actos administrativos o de las caprichosas interpretaciones de los jueces, que desmerecen la certeza de las normas. Si no hay respeto a la jerarquía normativa, si los derechos se condicionan a lo que diga el acto de la autoridad o la sentencia judicial contraria a la ley y a la lógica, y por cierto a la justicia, no hay seguridad jurídica.

2.2.- La previsibilidad de la conducta de la autoridad.-
Del efectivo imperio de la ley fluye la posibilidad de cada ciudadano de saber, en forma razonable, cuál será la acción de la autoridad en determinadas circunstancias, cuáles serán las obligaciones tributarias y laborales a que está sujeto un individuo, cuáles las consecuencias de la ilicitud de sus actos, cuál la eficacia de sus derechos, cuáles los límites de los contratos y cuáles los espacios para desarrollar negocios. Un estado de cosas imprevisible, ya sea por la inacción de la autoridad, por su arbitrariedad, niega el fundamento del contrato social: la gente fundó el Estado para saber a qué atenerse y para salir del "estado de naturaleza" y de enfrentamiento permanente.

2.3.- La motivación de los actos de poder.-
No hay seguridad jurídica si los actos de autoridad -leyes, decretos, reglamentos, sentencias, resoluciones, etc.- no están motivados claramente en (i) los fundamentos y valores constitucionales y legales que legitiman la acción; (ii) en el análisis objetivo, y no solamente ideológico, de las necesidades sociales, de los hechos y de los valores en juego que expliquen la decisión, y (iii) en la apreciación de sus efectos sobre los derechos de los miembros de la comunidad. Como los legisladores y gobernantes ejercen poderes ajenos (pertenecen al pueblo, se supone) deben justificar sus actos (motivarlos), ya que no tienen título propio, y deben hacerlo política, jurídica y socialmente.

Si bien la Constitución establece la motivación como una garantía procesal (art. 76), sin embargo, el sistema democrático, al menos teóricamente, extiende la motivación a todos los actos del poder, y no solamente a los judiciales, porque en el régimen republicano se ejerce un poder limitado y jurídico, y no un poder discrecional o arbitrario.

2.4.- La claridad normativa y jurisprudencial.-
Enemigos de la seguridad jurídica son no solamente la arbitrariedad y el incumplimiento normativo, sino la mala calidad del sistema legal, la saturación legislativa, la obscuridad de las normas, la superposición de disposiciones. En la misma línea, si no existe jurisprudencia consistente, valiosa, inteligente y expresiva de la realidad de la ley aplicada a la vida, no hay seguridad tampoco.

Otro factor de inseguridad es la distorsión del ordenamiento jurídico por la constante emisión de disposiciones inferiores (actos administrativos, resoluciones de organismos de control, interpretaciones, etc.), en oposición a los principios y normas constitucionales y legales, hasta crear una verdadera "selva normativa" paralela en el cual fundamenta su poder la burocracia.

2.5.- La eficacia y la vigencia real de los derechos.-
La eficacia de la ley y la vigencia de los derechos individuales, la estabilidad normativa, el rigor de la jurisprudencia, son la mejor evidencia de que en un país rige la seguridad jurídica, no solo como teórica declaración de la Constitución.