César Montúfar

Una relación por redefinir

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19 de May de 2014 00:03

La posesión de las nuevas autoridades de los gobiernos descentralizados autónomos abre un nuevo momento político. Un momento en que tanto el Estado central como los gobiernos subnacionales deberán modificar el patrón de imposición y subordinación en que se han desenvuelto sus relaciones desde el inicio de la llamada Revolución Ciudadana. Hubo, sin duda excepciones a esta regla: Guayaquil, Azuay, entre las más notorias. Pero en la mayor parte de casos, la tónica imperante fue el sometimiento a la lógica nacional de los espacios subnacionales de gobierno, siendo la estrategia del Estado central perseguir e, incluso, provocar la destitución de autoridades disidentes, como ocurrió con los prefectos de Orellana, Cotopaxi y Esmeraldas. La no comprensión por parte del Gobierno central de las dinámicas propias y particulares que rigen a los gobiernos locales; el intento desde Carondelet o la Senplades de imponer criterios, procedimientos y una visión única; su tendencia a no entender que el Gobierno nacional y los gobiernos de cercanía funcionan con lógicas distintas y exigen liderazgos propios, no opacados por la maquinaria nacional fue, quizá, una de las razones que explican el 'revés' electoral del oficialismo del pasado 23 de febrero. La lección fue que el país institucional y político no se agota en la dimensión nacional de gobierno, sino que existen, latentes y con mucha fuerza múltiples realidades subnacionales que reclaman un espacio y la solución -a su manera- de sus problemas específicos.

A partir del inicio de la gestión de las nuevas autoridades locales esa realidad toma, por primera vez en los últimos siete años, una expresión institucionalizada en gran parte del mapa nacional. Al Presidente de la República le tocará interactuar con un buen número de líderes locales, al mando de importantes gobiernos subnacionales, que ostentan una similar legitimidad electoral en sus territorios y que, con pleno derecho, le plantearán demandas y posturas nacidas de sus localidades en el marco de su autonomía. Aquello es una situación que el Presidente y el Gobierno Nacional deberán reconocer y aprender a respetar. El debate y discrepancias alrededor de la legislación propuesta sobre uso de suelo es el primer capítulo de un escenario que no debería polarizarse. Sin embargo, esto requiere de una posición madura y democrática del Jefe de Estado; reconocer que los dignatarios elegidos no son sus subordinados y que el tipo de relación entre los ciudadanos y sus gobiernos de cercanía, no solo que es distinta a la nacional, sino que requiere de otras estrategias y consensos, irreductibles a perspectivas nacionales unilaterales. Coordinación y colaboración entre los dos niveles de gobierno en el marco de sus competencias constitucionales, pero igualmente respeto y comprensión cabal a sus distintas lógicas y dinámicas. ¿Estará el presidente Correa preparado para el cambio de enfoque que le exige la nueva situación; habrá entendido el mensaje que le enviaron los electores de innumerables rincones del país, el pasado 23F?