Andrés Vallejo

Ahora reinstitucionalizar

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Las ilusiones de cambio encarnadas en Rafael Correa hace diez años se frustraron con el proceso de concentración de poder nunca experimentado a ese nivel en el Ecuador. Mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa, estructuración de un Consejo de Participación Ciudadana que, sin representar a nadie, para lo único que sirvió es para designar en todos los órganos de control del Estado a las personas que quería el Gobierno, cuyo caso más clamoroso es el de las sucesivas reelecciones del Contralor Pólit, sindicado en el caso Odebrecht; control de la administración de justicia con abusos e intimidaciones, con la vergonzosa sentencia del “chuky seven” como símbolo, que dispuso al diario El Universo a pagar al Presidente de la República USD 40 millones, bajo la figura amedrentadora de responsabilidad coadyuvante, que castró la información y la opinión; instrucciones cursadas a los jueces advirtiéndoles si sentenciaban contra el Estado, que, en especial en los juicios tributarios, causaron inmensos e injustos perjuicios y quiebras; y la inmensa corrupción institucionalizada que tiene al ex vicepresidente Glas y a varios exministros y al ex contralor, presos, encausados o prófugos, corrupción inevitable con ese nivel de concentración de poder.

No era posible mantener una situación así, y para eso la Consulta, aprobada con amplitud, se convierte en el instrumento que permite una revisión de los mecanismos que debilitaron la institucionalidad. La actuación de los miembros sumisos del Consejo de Participación Ciudadana merece su remoción: han sido sordos, ciegos y mudos ante la corrupción de la que conocía todo el mundo, menos ellos. La reelección del Contralor es el espejo de la acción de ese Consejo.

El Presidente Moreno se ha comprometido a integrar las ternas que enviará a la Asamblea para designar sus reemplazos con hombres y mujeres probas, con trayectoria sin tacha, para que puedan actuar con independencia. Así esperamos todos que suceda, aunque por malas que puedan ser las ternas, no será posible una integración peor que la de ahora.

Y no hay duda de que la eliminación de la posibilidad de reelección indefinida le conviene al país. Independientemente de las personas, porque no hay que caer en la trampa y el error de convertir esto en un asunto personal, la reelección es siempre arma de doble filo y peor si puede ser indefinida. No solo porque el mandatario en ejercicio tiene ventajas indebidas sobre sus oponentes, sino porque puede inducir a gobernar sin responsabilidad, pensando en la popularidad antes que en las obligaciones. Ampliando el período de los presidentes a seis años, debe prohibirse la reelección. Así se corta de raíz la posibilidad de que la embriaguez de poder -que en mayor o menor medida afecta a los gobernantes- distorsione el ejercicio ético del poder y estimule el caudillismo.

Columnista invitado