Martín Pallares

El co$to de la regulación

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La regulación y el control a la prensa no son asuntos que solo significan costos para el flujo de ideas y la calidad de la democracia. Son también un tema que, según la información oficial, tiene un alto costo económico. Y por tratarse de gasto público, el tema debe ser examinado y debatido.

Felizmente, la aparición durante el pasado fin de semana de un curiosísimo informe contratado por la Superintendencia de Comunicación, que sostiene que una viñeta del célebre Olafo el amargado, tiene contenido sexista, sirvió como pretexto para que en redes sociales circularan documentos públicos con pistas sobre cuánto están gastando los ecuatorianos en controlar a la prensa.

Además, la afirmación hecha el martes por un funcionario de la Superintendencia de que el “humor es algo serio” y “que no vamos a permitir doble sentido ni la burla” pone sobre la mesa el tema de cuánto están gastando los ecuatorianos en sueldos de funcionarios que dicen cosas de semejante talante.

Algunos registros en la página Web de la Superintendencia de Comunicación arrojan datos inquietantes. Entre esos está un distributivo de personal que corresponde al mes de julio del 2014 y que permite ver que en ese organismo, al menos en ese mes, había una nómina de 261 empleados que en total le representaron al erario público USD 427 313. Si eso se multiplica por doce y se agregan los sobresueldos, la cifra se antoja aún más seria.

En esa nómina se ve que el Superintendente gana USD 6 122 mientras que hay tres funcionarios que reciben 5 566, cinco con 5 009, y 19 con USD 4 174. De los 261 funcionarios, que en el sector privado significaría una empresa entre mediana y grande, 157 ganan por encima de los USD 1 000. Se registra la existencia de nueve choferes. ¿Se necesitan choferes para regular y controlar la prensa?

Únicamente en viáticos, en apenas el mes de julio del 2014, se gastaron USD 33 145.

Pero esto no es todo. Entre esos mismos documentos constan algunos pagos interesantes. Por ejemplo, la contratación de Rommel Jurado por un monto algo menor a los USD 200 000 para monitorear el “cumplimiento” de la Ley Orgánica de Comunicación (acá quizá entró el caso de Olafo el amargado) de la cual él fue uno de los autores.

El control de los contenidos también incluía en el 2014, entre otros rubros, el pago de USD 190 000 a una empresa para “el monitoreo de contenidos musicales, publicitarios y propagandísticos difundidos por los medios de comunicación”. Habría que mencionar también lo que cuesta a los ecuatorianos el Cordicom.

Estos y otros datos habría que contrastar con el anuncio del Gobierno de recortar los sueldos de los burócratas mejor pagados.

Regular la comunicación, como se vio en el caso de Bonil, no solo trae altísimos costos a las libertades esenciales, sino otros no menos dolorosos. Sobre esto tenemos que hablar.