30 de August de 2010 00:00

Promesas y malos servicios

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Miguel Rivadeneira Vallejo

Dentro del nuevo ordenamiento jurídico es indudable que -según los expertos- el proyecto del Código Territorial tiene logros y avances en materia de organización, pero también serias complicaciones y se proyectan dificultades y limitaciones económicas. Se incorporan cerca de 800 juntas parroquiales a los 221 concejos cantonales y existe incertidumbre en torno a la fórmula de reparto de los recursos y el fraccionamiento del territorio.

Uno de tantos problemas y que está en debate constituye la facultad que se otorga a los gobiernos seccionales para poder realizar sus loterías y generar rentas propias. Hay que partir de una premisa general: los monopolios u oligopolios no son buenos; al contrario, han sido perjudiciales para el resto dentro del proceso de desarrollo. Constituye una carga no solucionada pese a los amagos y fracasos durante años de aprobar un proyecto de ley de competencias, que hasta ahora sigue pendiente.

En el país existe la Junta de Beneficencia de Guayaquil que ha cumplido un gran trabajo social, con fines altruistas, que ha servido a miles de ecuatorianos y por tanto sus labores no deben ser afectadas. Como alternativa a esta situación se ha mencionado la posibilidad de financiarla en el presupuesto del Estado. El hecho es que hay que darle una solución práctica a este problema, pero sin caer en la difícil situación de Solca, institución privada sin fines de lucro, que se financiaba con un impuesto a las operaciones bancarias, que esta administración eliminó con el argumento de que el Estado le compensará en el presupuesto fiscal. Las asignaciones no han crecido, se vive solo de ofrecimientos de los ministros de Salud y Finanzas, que torean el problema pese al pedido al Presidente de la República. Las demandas no son atendidas. No hay respuestas concretas que compensen la creciente demanda. Se mantienen solo cartas y promesas y hasta ahora, nada. El pedido es para cubrir al menos la demanda de este año, con la incertidumbre latente para el futuro.

En lugar de desbaratar estos buenos servicios y perjudicar a los usuarios, deberían preocuparse por ser más eficientes en el sector público. Por ejemplo, en Quito, se intenta mejorar con razón el acuciante problema de movilidad, que se arrastra durante años, pero se propone el establecimiento de tasas por congestión vehicular o contaminación sin haber arreglado previamente el deplorable servicio de transportación pública, que no tiene controles. Basta subirse en un bus y confirmar los hechos. A tal punto de ineficiencia se llega que este momento ni el Municipio Metropolitano ni el Consejo Provincial de Pichincha cuentan con tarjetas de venta del tele peaje para el uso del túnel Guayasamín y de la autopista Rumiñahui. La respuesta es que en dos meses habría el servicio. ¡Una verguenza!

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