Alfredo Negrete

El verdadero problema

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15 de December de 2011 00:01

No se trata de Catalina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de DD.HH. y de Fundamedios, en un caso, o de El Universo, Emilio Palacio, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, en el otro. Se trata de una posición ideológica respecto de la libertad de expresión que políticamente es llevada al extremo de un imperativo categórico imprescindible para el desarrollo de una sociedad.

En los gobiernos de corte populista que transitan hacia el pleno autoritarismo, ha renacido una tesis de la izquierda, en virtud de la cual todos los medios de comunicación independientes son el rezago de un poder oligárquico del cual fueron una de las herramientas más útiles para la consolidación de dicho poder; en consecuencia, no es posible la revolución ni el progreso social mientras subsistan esos enclaves de la vieja historia continental. De allí que las proclamas contra ellos -revisar los discursos de Caracas como motivo de la creación de la Celac- demandan una lucha continental y mundial. Para ello se fundamentan en teóricos de la comunicación, como Ignacio Ramonet, a cuyas opiniones otorgan el valor de una bula papal; es decir, ‘urbi et orbi’ y probablemente dictadas bajo el amparo del recurso ‘ex cátedra’. Al margen o repudiadas, quedan las opiniones de quienes piensan lo contrario y consideran que la versión del ex director de Le Monde Diplomatic son unilaterales y maniqueas.

En este contexto la Ley de Comunicación, que se debate en la Asamblea Nacional con su Consejo Regulación controlado por el Gobierno y su movimiento, resulta imprescindible promulgarla y será el punto de partida del próximo año enmarcado en la reelección presidencial. Se desconoce el motivo de la mayoría oficialista para no lograr un consenso aceptable y luego que el proyecto quede a merced de veto presidencial que lo podrá enmendar o reformar a su gusto y medida.

La decisión oficial sobre esta problemática fue esbozada desde la capital venezolana, cuando se atacó y pretendió degradar a la Comisión Interamericana, que forma parte del Pacto de San José de 1969, que la incluye como parte fundamental del sistema interamericano.

La OEA es un organismo muy venido a menos casi desde su fundación; sin embargo, la Comisión y la Corte tienen un valor aparte y específico en defensa de los derechos humanos. Caso contrario debemos eliminar de la memoria y el registro histórico las sentencias que se tomaron a favor del periodista costarricense Mauricio Herrera, el caso Ivcher en Perú, la obligación de exhibir ‘La última tentación de Cristo’ en Chile y, más recientemente, el caso Kimmel en Argentina. En el Ecuador los hermanos Restrepo, Consuelo Benavides y otros demuestran el acatamiento del Estado a las sentencias de la Corte Interamericana. Una cosa muy distinta es que ahora se pretenda que la libertad de expresión no sea parte de los derechos humanos proclamados universalmente.