Carlos Jaramillo

Las ‘prepagos’, en cuidados intensivos

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La semana pasada, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepagada y las compañías de seguro en el área de la salud, que reemplazaría a la ley expedida en 1998.

El proyecto establece que todas las empresas de medicina prepagada deberán cumplir con un capital mínimo de USD 1,5 millones. Además, que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Compañías controlarán y aprobarán los permisos de funcionamiento, los contratos y los tarifarios, lo que, según los autores de dicha norma, garantiza la atención médica a los afiliados y la estabilidad y funcionamiento de esas instituciones.

Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada consideran que, como es de rigor, este proyecto de ley, que tiene carácter económico, debe contar para la segunda y definitiva discusión con estudios actuariales, financieros, costos médicos, etc., que garanticen que las prestaciones y las tarifas guarden, en realidad, equilibrio que permita una adecuada y eficiente calidad de servicio médico a los usuarios y la subsistencia de las empresas. También, cuestionan la disposición de que dichos organismos deberán cubrir, por su cuenta, los elevados costos de tratamiento de enfermedades congénitas, hereditarias, catastróficas, preexistentes, trasplantes de órganos, etc., y las complicaciones médicas que se deriven del procedimiento.

Esto, que parece a simple vista beneficioso para los usuarios que adolezcan estas patologías, plantea la pregunta: ¿Estarán dichas empresas en posibilidad financiera para cubrir los costosos de trasplantes que, según indican, en ciertos casos superan los USD 140 000, y los posteriores tratamientos que evitan complicaciones y rechazos, con aportes menores a los del IESS?
Según datos de la Superintendencia de Compañías, las 11 empresas registradas efectuaron ventas por monto de USD
365 554 171 el año 2014 y su utilidad, antes del pago de impuestos, sumó USD 22 724 399, equivalente al 6,22%.

En carta dirigida a la Presidenta de la Asamblea, el representante de una de las principales empresas del ramo manifiesta que están de acuerdo en que se apliquen todos los controles e instancias necesarias para regular su funcionamiento. Dice también que no podrían asumir los costos de atención a afiliados por trasplante de órganos, enfermedades crónicas, congénitas y otras sin el correspondiente financiamiento, lo que se agravaría por las demandas millonarias que soportan las empresas aludidas, por supuestos daños morales, y por las sanciones que estipula el proyecto de ley, lo cual determinaría el cierre y la liquidación de instituciones “que constituyen pilar y baluarte de la atención médica privada complementaria a las que debe brindar el Ministerio de Salud y las que le corresponden al IESS y al Issfa…”.

cjaramillo@elcomercio.org