Carlos Jaramillo

La ‘Pichi’ Corte

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Hace tres días, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó dos informes, con base en los cuales el Plenario de la Asamblea Nacional enjuiciará a los 52 diputados que, en diciembre de 2004, destituyeron a 29 de los 31 magistrados de la Corte Suprema y a los 55 legisladores que, asimismo, destituyeron a los nueve miembros del Tribunal Constitucional.

La mayoría coyuntural del Congreso Nacional de entonces, que tomó tan cuestionada decisión, estuvo conformada por legisladores pertenecientes a Sociedad Patriótica, PRE, Prian, MPD, etc.

Fueron acusados de haber sido manipulados por el Ejecutivo, pese a que el coronel Lucio Gutiérrez, al asumir su cargo el 15 de enero de 2003, prometió respeto a las otras funciones del Estado y “la despolitización y despartidización de la justicia, y el nombramiento de jueces independientes de los partidos políticos a través de colegios electorales, con la participación de la sociedad civil organizada…”.

Pero la verdad es que el coronel también atropelló la Constitución y “metió la mano” en la Justicia. Y de esa manera propició la designación de los miembros de la tristemente célebre ‘Pichi’ Corte, que presidió Guillermo Castro Dáger (a) ‘Pichi’, quien habría sido amigo cercano y defensor de Abdalá Bucaram. Los demás “pichimagistrados” también tenían vínculos con las respectivas agrupaciones políticas que los auspiciaron.

Ya es parte de la historia que, en forma apresurada, fueron anulados los juicios en contra de los expresidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y el exvicepresidente Alberto Dahik. Pero la libertad del líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) atizó el multitudinario rechazo al gobierno de Gutiérrez y culminó con su derrocamiento y precipitada evasión, el 20 de abril del 2005.

Bajo la consideración de que violaron la Constitución y las leyes (como también ha ocurrido en otros casos y en otras épocas…), la mayoría de la actual Asamblea Nacional se halla empeñada en el enjuiciamiento y demanda a los personajes inmersos en ese escandaloso episodio para que repongan al Estado el monto de aproximadamente 15 millones de dólares, que ha comenzado a pagar a los exministros jueces ofendidos, en cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En cambio, algunos excongresistas imputados sostienen que son víctimas de persecución política y que el artículo 137 de la Constitución de 1998, que estuvo vigente cuando se registró el malhadado caso, establece que “los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones” y que, de ser necesario, organizarán un frente común para su defensa.

Asimismo, hay quienes apoyan el propósito de que se imponga sanción ejemplarizadora a los protagonistas de esa página negra de nuestra historia.