Enrique Echeverría

¿Pensiones en peligro?

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Ya no se trata solo de preocupación, sino de algo más grave que raya con angustia, conocer que las pensiones jubilares para un cercano futuro ya no podrán ser cubiertas en totalidad; o, al menos, en las cuantías acostumbradas.

El dinero que cada mes, tanto el trabajador cuanto el empleador entregan de aportes al Seguro Social, sirve para atender diversas coberturas, entre ellas la salud y la jubilación.

Esta última, pese a cualquier esfuerzo, continúa escasa. Un trabajador que ha pagado aportes por más de 30 años sobre salarios básicos, al jubilarse merece una pensión de apenas USD 300 mensuales, de cuya exigua cantidad descuentan: Financiamiento de Décimos y, para algo que causa estremecimiento, para “Fondo Mortuorio”.

El temor por la suerte de la pensión jubilar surge porque han tomado de allí el dinero para financiar el seguro de salud que, como muchos conocen, tampoco es una maravilla.

En el Seguro Social hay una inversión para gastos administrativos y para pago de profesionales particularmente médicos y más servidores anexos. Desde el año 2003 la nómina de empleados fue creciendo paulatinamente para cubrir nuevos servicios, uno de los cuales resultó sin financiamiento suficiente. El ex director Econ.
Ramiro González introdujo nuevos afiliados, ampliando la cobertura de salud a los cónyuges de los beneficiarios y sus hijos menores de 18 años.

Luego, el Seguro Social sufrió perjuicios de orden criminal: delincuentes falsificaban las cédulas de afiliados en varias ciudades y se hicieron entregar USD 430 000 por créditos quirografarios; y USD 600 000 más por retiro de fondos de reserva de 80 afiliados.

Más tarde, el IESS entregó elevadas sumas de dinero en préstamos al Gobierno, respaldados con bonos. De lo que se ha informado hay, por ese concepto una deuda pendiente de USD 2 500 millones. Se adujo que no había tal deuda y, para remate, borraron y ya no le hicieron constar –para pagarla- ni siquiera en el presupuesto.

Dada la actitud del anterior gobierno de enjuiciar a cuanta persona se atreviera a revelar datos, en la ciudad de Riobamba encarcelaron al señor Paúl Moreno, quien había conseguido información de la Presidencia, sin autorización previa, bajo el argumento legal de que según el Art. 58 de la Ley de Comercio Electrónico es delito acceder a sistemas informáticos y bases de datos. El caballero fue a la cárcel por orden de un juez de Garantías Penales. Explicó que al obtenerlos no los utilizó para vender, chantajear o acto ilegal o inmoral alguno, sino para demostrar que es muy fácil conseguirlos incluso de la Presidencia de la República; que la tan ponderada “seguridad” es un cuento de hadas y que el Sistema Dato Seguro, no era tan seguro como se creía y se proclamaba por los medios oficiales.