Sebastián Mantilla

El ‘golpe’ en Brasil

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La semana pasada, con 61 votos a favor y 21 en contra, el Senado destituyó a la primera presidenta mujer del Brasil. El juicio político o “impeachment” iniciado hace casi 9 meses contra Dilma Rousseff puso fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Un proceso que, en lugar de mostrar pruebas y argumentos contundentes, tuvo como telón de fondo el mal manejo económico de la crisis, los escándalos de corrupción, la pérdida de popularidad de Rousseff (menos del 8%), la desconfianza de los mercados pero, fundamentalmente, un cambio en la correlación de fuerzas políticas. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) no solo le quitó su apoyo al PT. Se hizo del poder.

La consecuencia ha sido el nombramiento de Michel Temer como Presidente. Pese a que el procedimiento seguido, primero en el Parlamento y luego en el Senado, cumplió con lo establecido en la Constitución, hay cuestionamientos. La misma Rousseff denunció que ha sido víctima de un golpe de Estado. Los gobiernos “progresistas” de Ecuador, Venezuela y Bolivia han hablado de “golpe parlamentario”. Cientos de miles de brasileños han salido a las calles a protestar exigiendo nuevas elecciones.

¿Hasta qué punto la remoción de Rousseff fue legal? ¿Fue un golpe de Estado o un golpe parlamentario? Para Aníbal Pérez-Liñán, politólogo argentino, lo ocurrido en Brasil sería parte del “nuevo” patrón de inestabilidad que se presenta en América Latina. Presidentes que son enjuiciados por el legislativo. En unos casos por corrupción, como Otto Pérez Molina (Guatemala), Fernando Collor de Mello (Brasil) o Carlos Andrés Pérez (Venezuela). En otros, por causales no tan claras como los casos de Ernesto Samper (Colombia), Abdalá Bucarám y Lucio Gutiérrez (Ecuador), Raúl Cubas Grau y Fernando Lugo (Paraguay), Fernando de la Rúa (Argentina), Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa (Bolivia), entre otros.

Aunque los juicios a los presidentes son poco comunes se han convertido en un instrumento poderoso para desplazar a presidentes “indeseables” sin destruir el orden constitucional. Sería la otra cara de la moneda de la teoría del golpe de Estado. En lugar de causar un daño sería una “purga” frente a la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, el mal manejo económico.

Sin embargo, llama la atención que unos presidentes corruptos hayan sido sometidos a juicio político y otros no. O que haya continuidad en lo mismo pero con otras caras. Algo que Brasil no termina de superar.

El diario Folha de São Paulo acaba de revelar que un consorcio brasilero de empresas constructoras pagó por la realización de la central hidroeléctrica Bello Monte cerca de 41,8 millones de dólares en sobornos al partido de Temer. En consecuencia, los escándalos de corrupción no solo salpican al PT sino incluso al PMDB.

Estos hechos socavan la legitimidad del flamante gobierno y, prevén, una nueva crisis de gobernabilidad.