León Roldós

Los derechos de los trabajadores

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Un debate de siempre será el relativo al régimen jurídico de los trabajadores y sus derechos que deben ser inalienables, sea que laboren en el sector público o en el sector privado.

Lo ideal sería que se equiparen, quizás con la única diferencia de la eventual participación en las utilidades cuando se está en el sector privado. Siempre, cuando fui legislador y asambleísta constituyente, estuve y actúe en esa línea del pensamiento. Y cuando fui Rector de la Universidad de Guayaquil (1994–2004) se trabajó en esa aproximación.

En el área laboral, yo he sido vendedor de libros, a comisión, docente del magisterio municipal, del particular, funcionario en relación de dependencia en el sector privado, funcionario público de rango medio y superior, profesor universitario de universidad estatal y de universidad particular, autoridad universitaria y profesional autónomo –a más de los cargos políticos de designación y elección que son conocidos-, por eso he vivido varios regímenes laborales. En su tiempo, hice dirigencia gremial en la clase empleada municipal y en el magisterio.

Hoy en el Ecuador, se profundiza la separación de los regímenes jurídicos laborales, profundizando en el Código del Trabajo la severidad a favor de quienes trabajan para empleadores privados, excluyendo a los servidores públicos, en su ley, la orgánica del Servicio Público de similares derechos. Inclusive se marcaría la separación de los regímenes laborales en una de las enmiendas constitucionales.

Dos hechos recientes marcan el riesgo de desprotección de los servidores públicos.

Uno, la consigna explícita –también practicada en algunos gobiernos anteriores, los tachados de haber sido de la “partidocracia”, en forma solapada- de que en los servidores públicos no es admisible que se invoque ser profesional o técnico, sin comprometerse con el Gobierno.

Assad Bucaram cuando fue alcalde de Guayaquil (1963-1964/ 1967-1970) –en parte de su segunda administración yo fui Secretario Municipal- fijó como norma que los profesionales y los técnicos, aun a nivel de Jefatura, debían tener estabilidad porque lo más importante era su eficiencia. La señora abuela del presidente Correa, doña Sarita Icaza, en las dos administraciones de Bucaram y antes y en las intermedias, era custodio de los títulos de impuestos municipales, y a nadie se le habría ocurrido que debía hacer militancia política.

El otro hecho, el congelamiento de las remuneraciones de los servidores públicos, cuando todos los precios suben en la economía. De acuerdo que no debe inflarse los gastos en burocracia, multiplicando ésta, de no ser necesario; pero, los que hacen el sector público tienen derecho a una justa remuneración. No hay razón para que se los condene a ser los “castigados” en las relaciones laborales.